La legislatura sin legislación

Así como se dice que los tiburones necesitan moverse en el agua para que esta pase a través de sus branquias permitiéndoles respirar, el Gobierno de Sánchez, vedada su iniciativa legislativa ordinaria por ausencia de apoyos parlamentarios, necesita gesticular para crear en la opinión pública la percepción de que tiene iniciativa política, de que tiene sentido el alargamiento de la legislatura; una que podría ya motejarse sin caer en la hipérbole como la legislatura sin legislación.

Con este designio, unas veces se recurre, ya de forma desinhibida —por no decir desorejada—, al decreto-ley para aprobar normas con dicho rango sin concurrir ni de lejos su presupuesto constitucional de extraordinaria y urgente necesidad, y se hace además sin ninguna expectativa de convalidación por las Cortes. Como ha señalado en este mismo medio Pablo de Lora, subsisten hoy decenas de aquellos decretos reconvertidos en proyectos de ley tramitados por el procedimiento de urgencia que llevan más de dos años a la espera de aprobación, lo que se consigue con el ardid de ampliar reiterada y sucesivamente su plazo parlamentario de presentación de enmiendas.

«Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del Poder Legislativo», tiene declarado Sánchez en el comité federal de su partido; «hay cuestiones que no necesitan un rango de ley […], hay mucho que se puede hacer con rango reglamentario», enunció a los medios Elma Saiz; los Presupuestos —sempiternamente prorrogados— son «útiles, pero no imprescindibles […] se puede gobernar sin ellos», apostilló Óscar Puente. La lista es interminable, sin olvidar la reciente solicitud del presidente a sus ministros de «tres o cuatro medidas sociales que no dependan del Congreso»; es decir, que se pretenden aprobar por decreto-ley, o, por su limitado alcance, requieren rango meramente reglamentario.

Si España «va como un cohete», no se entiende que sean de extraordinaria y urgente necesidad las requeridas medidas «sociales». ¿No se les había ocurrido en los más de siete años que llevan gobernando o no habían caído en que podían simplemente aprobarlas vía reglamento? Todo un Ejecutivo de Romanones redivivo que ha descubierto que la debilidad de los checks and balances constitucionales permite sortear el control del Poder Legislativo a través del cual el pueblo ejerce la soberanía que en él reside.

Como las cadenas de televisión generalistas en los meses de estío, en el afán de impostar aquella iniciativa política que se señalaba al principio, el Ejecutivo de Sánchez recurre ya a la reposición de contenidos. Así, hemos conocido cómo el pasado martes el Gobierno desempolvó un ya anunciado —hace dos años— anteproyecto de ley de publicidad del sector público destinado a impedir que ningún medio pueda percibir más de un 35% de sus ingresos de la publicidad institucional; y ello, con el objetivo declarado de evitar —a decir del diario progubernamental par excellence— que Gobiernos autonómicos o locales puedan financiar «medios sin viabilidad económica, sin apenas audiencia», que se considera contribuyen a la desinformación y los bulos; «seudomedios» los llama Sánchez.

«Menuda amenaza la de esos medios; tanta que, con tan poca audiencia y tan pocos recursos, conviene asfixiarlos»

Como ya ocurriera con la ley orgánica que reformó el Código Penal para despenalizar la conducta de los delincuentes —malversación y sedición— cuyos partidos facilitaron la investidura, la razón de estas medidas legislativas tendentes a la supresión de medios de comunicación no es un tic despótico, sino que su adopción vendría también impuesta desde Europa. En este caso se invoca el Reglamento (UE 2024/1083) sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, de manera que una norma aprobada al calor de la guerra de Ucrania para garantizar la financiación adecuada de medios públicos en evitación de influencias externas dada su misión de servicio público —básicamente evitar la injerencia de Rusia y China en procesos electorales en la Unión Europea—, sirve aquí de inspiración al legislador —«traslada su espíritu», dicen— para estrangular a los medios privados pequeños, cerrándoles, paradójicamente, el acceso a ingresos procedentes de publicidad institucional, y por tanto del propio Estado.  

No se acaba de entender la lógica de esta prohibición de financiación de los medios pequeños; pues si se basa en el daño que dichos medios pudieran causar a la formación de una consciente opinión pública desinformando, poco perjuicio parece que pudieran ocasionar cuando, a la vez, se los describe como «sin apenas audiencia». Pero peor se compadece con los derechos fundamentales a la información y libertad de prensa que un Gobierno democrático tenga entre sus anhelos el tratar de ahogar, hasta provocar su desaparición, a medios de comunicación de poca dimensión y con dificultades financieras, o, como rezan las boyantes y bien subvencionadas terminales mediáticas progubernamentales, medios «sin viabilidad económica». Menuda amenaza de injerencia la de estos medios; tanta que, con tan poca audiencia y tan pocos recursos, conviene asfixiarlos para que desaparezcan.

Más nos valdría como democracia que el Gobierno dejara de cazar fantasmas —perdón, trasladar espíritus— para subvertir las normas comunitarias en su propio interés, pues si ya existe un Reglamento UE, está publicado en el Diario Oficial y está en vigor en su práctica totalidad; se trata de legislación tan directamente aplicable como lo es una ley española. ¿A cuento de qué tiene entonces el Gobierno español que desarrollar nuevas normas inspiradas en el espíritu de la ya vigente?

Sin mucho que hacer en iniciativa legislativa, los ministros se dedican a hacer sketches de TikTok contándonos lo que leen, sus estrellas de rock preferidas, o reels en Instagram enseñando dependencias ministeriales o a encanallarse en tuits palabrones con los usuarios de las redes sociales. Y en ese contexto, en el que se mueven admirablemente amortizando a fondo el coste de los varios centenares de asesores de comunicación de que disponen, quizá quien mejor haya reflejado el devenir normativo de esta legislatura sin legislación sea el mismísimo ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien, alardeando de la desclasificación de la documentación del 23-F antes siquiera de ser debatida en el Congreso la Ley de Información Clasificada, escribió esta semana en X: «Cumplimos la ley antes de que se apruebe». Claro, no sea que no se apruebe… ¡A ver quién lo supera!