Prohibir las redes es más fácil que educar
«Prohibir las redes ahorra a los padres el coste de ser los únicos en decir ‘no’, lo pagarán sus hijos»
Imagen generada por la IA. | Benito Arruñada
La regulación de las redes sociales se presenta como protección de los menores. En parte lo es. Las redes, a diferencia de la televisión o los libros, no se limitan a «acompañar»: colonizan. Están optimizadas para capturar nuestra atención. Además, no solo difunden; también responden, recomiendan y penalizan recortando el alcance. La escuela no compite con un medio más, sino con un entorno paralelo que condiciona el lenguaje y la forma de pensar de los alumnos, al margen del currículo y de la autoridad del aula. Las restricciones de edad no solo buscan reducir daños; también restauran el control del sistema educativo sobre la información a la que acceden los jóvenes.
Las redes ponen al alcance de cualquier adolescente discursos, debates y perspectivas que la escuela ni programa ni supervisa. El saldo es mixto: amplían variedad y acceso, pero multiplican el ruido, la polarización y la dependencia. Lo decisivo es que consolidan un circuito paralelo de información que opera fuera del marco escolar.
Ese circuito desafía a cualquier sistema que base su autoridad en decidir qué se sabe, cómo se interpreta y quién puede decirlo. Su influencia no es solo pedagógica; también moldea preferencias y creencias políticas y sociales. Quien decide qué se lee en el aula, qué historia se enseña y qué valores se presentan como evidentes tiene en sus manos algo más potente que la transmisión de conocimientos: la capacidad de conformar cómo se percibe e interpreta la realidad. Las redes erosionan esa capacidad.
Se suele justificar la prohibición con estudios sobre salud mental, atención y desarrollo cognitivo. Sus resultados inquietan, pero son menos concluyentes de lo que sugieren los titulares: las asociaciones medias son débiles e inestables, y las más sólidas están ligadas a un uso problemático o compulsivo. Además, conviene no confundir correlación con causa: el actual malestar juvenil también coincide con un giro de décadas hacia una crianza más protectora y menos autónoma, y con una escuela cada vez menos exigente. Quien llega a la edad adulta sin haber aprendido a lidiar con el fracaso llega peor armado para gestionar la frustración y el conflicto. Más que crear esa fragilidad, las redes quizá se limitan a canalizarla y amplificarla.
Esta ambigüedad no cuadra con la rapidez e intensidad de la respuesta regulatoria. En Australia, las plataformas deben tomar medidas razonables para que los menores de 16 no abran una cuenta. En Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado la restricción para menores de 15 años, pero la iniciativa aún debe pasar por el Senado. En España, el Gobierno ha anunciado un plan similar.
Es un movimiento transversal. Lo respaldan padres, Gobiernos, burocracias educativas y sindicatos docentes. Y muchos de esos actores llevan décadas frenando reformas con evaluación externa, competencia entre centros y rendición de cuentas. No es casual: la prohibición reduce la presión que las redes introducen y blinda el monopolio escolar sin exigir resultados.
La restricción por edad también resuelve un fallo de coordinación entre padres: quien limita en casa teme aislar a su hijo frente a sus pares. Una regla común uniformiza la decisión y rebaja ese coste. Pero también lleva a muchos menores a usar plataformas con menos moderación, cuentas prestadas e identidades falsas. Aumenta así el riesgo de que sufran abusos y de que, por estar incumpliendo la prohibición, sean más reacios a buscar ayuda cuando algo salga mal.
«Lo respaldan padres, gobiernos, burocracias educativas y sindicatos docentes»
Esa tentación de externalizar el «no» reproduce lo que ya hicimos con la exigencia escolar. Muchos padres delegaron entonces en el sistema la tarea de poner límites, y el sistema optó por rebajarlos. Ahora pedimos que ese mismo sistema gestione también el espacio informativo que las redes han desregulado, sin discutir quién decide, con qué criterios y con qué consecuencias.
En España, además, los centros educativos y las administraciones que ahora reclaman ese espacio son los mismos que, según las evaluaciones de competencias de adultos de la OCDE, producen graduados universitarios con capacidades inferiores a las de un bachiller neerlandés, finlandés o japonés. Llevan al menos tres décadas reduciendo la exigencia bajo el paraguas de la pedagogía dominante, transformando la enseñanza en consumo. Y han blindado su opacidad: el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación prohíbe usar los resultados de las evaluaciones del sistema educativo «para establecer clasificaciones de los centros». En educación, el sistema se protege; en redes, pide prohibición.
Por eso, en España conviene prestar atención al efecto político de la prohibición: puede reforzar la posición de un establishment educativo que ha evitado durante años medir resultados y asumir consecuencias.
El daño de las redes puede justificar reglas. Pero antes que prohibir, exijamos lo que ese establishment lleva décadas evitando: medición, comparación y consecuencias. Y recuperemos una educación exigente —digital y no digital— que forme criterio, atención sostenida y autocontrol. Por esa vía reduciremos el daño de las redes y, de paso, recortaremos el poder de quienes han hundido la enseñanza sin rendir cuentas.