Rescatar empresas para salvar empleos con dinero público

Hay una frase que se repite con bastante frecuencia en el discurso político: «Hay que salvar el empleo». Pocos argumentos son más poderosos en democracia que este. Ningún Gobierno quiere aparecer como responsable del cierre de una gran empresa, especialmente si de ella depende todo un territorio. El problema es que, bajo ese paraguas loable, se adoptan decisiones muy costosas, difíciles de revertir, a menudo poco evaluadas y, en muchas ocasiones, equivocadas.

La intervención del Estado en las empresas se ha intensificado en los últimos años. Durante la pandemia se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, para rescatar compañías consideradas esenciales. En total, se aprobaron ayudas por más de 3.200 millones de euros y se formalizaron operaciones por unos 2.680 millones, según las últimas cuentas anuales presentadas correspondientes a 2024. Parte de ese dinero se ha devuelto y ha generado intereses, lo que permite al Gobierno defender que no se trata de subvenciones a fondo perdido. 

Pero esa defensa es insuficiente. Que un préstamo se pague no demuestra que el rescate fuera la mejor opción económica ni que el empleo preservado compense el coste público y los efectos sobre la competencia. Casos como Air Europa, rescatada con 475 millones en préstamos, o el polémico apoyo a Plus Ultra, ilustran la ambivalencia del instrumento. En ambos se invocó el empleo y el carácter «estratégico», conceptos difíciles de medir y aún más de verificar. Más recientemente, la entrada de la SEPI en Talgo con 75 millones refuerza la idea de que la política industrial española ya no es solo reactiva ante crisis extraordinarias, sino una herramienta habitual para influir en sectores considerados sensibles.

Hasta aquí podría hablarse de intervenciones puntuales. Lo verdaderamente significativo es que España está pasando a una fase distinta, como es la «institucionalización de la intervención». En cierto modo, una vuelta a los años previos a la década de los noventa del siglo pasado. En enero de 2026, el Gobierno anunció el Fondo España Crece, presentado como un «fondo soberano» destinado a impulsar inversiones estratégicas cuando se agoten los recursos europeos extraordinarios. En realidad, no se trata de un fondo soberano que, en puridad, está alimentado por superávits estructurales, sino de un instrumento de política económica apoyado en el ICO. Nace con unos 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y un refuerzo total de capital al ICO de 13.300 millones, con el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones mediante efecto palanca de dinero público y privado.

Ese salto de escala cambia completamente la naturaleza del debate. Ya no hablamos de rescatar empresas en situaciones límite, sino de un Estado que aspira a convertirse en asignador de capital a gran escala, orientando inversión hacia sectores «estratégicos»: transición energética, digitalización, vivienda o industria avanzada. Una cosa es que el Gobierno (cualquiera que sea) desarrolle una visión de Estado y establezca una posición fuerte e inteligente porque, en buena parte de los mercados internacionales, los interlocutores no son empresas privadas, sino que son Estados que se parapetan de una forma u otra detrás de una fórmula societaria o de un fondo soberano, aparentando fair play y respeto a las reglas de la competencia.

«Si los proyectos salen bien, el Gobierno puede atribuirse el mérito. Si salen mal, el contribuyente absorbe buena parte de las pérdidas»

Pero otra cosa muy distinta es pensar que, desde el minuto uno, es el Gobierno quien fija las reglas del juego, forzando a las empresas privadas a seguir los designios del Ejecutivo que se arroga el poder de decidir qué es estratégico, con qué criterios y con qué mecanismos de control. Así, si los proyectos salen bien, el Gobierno puede atribuirse el mérito de haber movilizado a la inversión privada. Si salen mal, el contribuyente absorbe buena parte de las pérdidas, porque el capital público suele asumir las posiciones más arriesgadas para atraer al privado. El problema clásico de riesgo moral reaparece: empresas e inversores pueden tomar decisiones más audaces sabiendo que existe un respaldo implícito.

A esta intervención estatal hay que añadir también la de las CCAA, las cuales disponen de amplias competencias económicas y presupuestarias. El resultado es un mosaico de programas de ayudas, subvenciones e incentivos fiscales que operan simultáneamente sobre las mismas empresas. En este sentido, la CNMC estima que solo en ayudas de minimis hubo en 2023 más de 400.000 concesiones por unos 2.164 millones de euros. Sumadas al resto de ayudas públicas, el volumen total se acercaría al 1% del PIB. Una cifra nada despreciable.

Este entramado multinivel genera un problema adicional: la fragmentación del mercado interior. Cuando cada comunidad compite por atraer empresas mediante subvenciones o condiciones favorables, puede desencadenarse una carrera de subsidios donde el ganador no es quien produce mejor, sino quien negocia mejor con las administraciones. En ocasiones, incluso aparecen requisitos territoriales —como exigir domicilio social en una región— que chocan con el principio de unidad de mercado.

Otro aspecto clave es que las ayudas diseñadas como temporales tienden a perpetuarse: las empresas rescatadas se convierten en «demasiado importantes para caer» y los Gobiernos adquieren incentivos políticos para seguir sosteniéndolas. El resultado puede ser una economía con menor dinamismo, donde el capital y el trabajo permanecen atrapados en actividades poco productivas.

Si el objetivo es proteger a los trabajadores, existen instrumentos menos distorsionadores que salvar empresas concretas. Por ejemplo, reducción o suspensión de las cuotas a la Seguridad Social, formación para el reciclaje integral con compromiso de empleo estable, políticas activas de recolocación o mecanismos de transición sectorial. Estos protegen a las personas sin comprometer recursos públicos indefinidamente en modelos de negocio que quizá ya no sean viables.

La verdadera pregunta, por tanto, no es si el Estado debe intervenir, sino cómo y con qué límites. Una política industrial responsable debería cumplir al menos cuatro condiciones: pérdidas asumidas primero por accionistas y acreedores, objetivos verificables de productividad y empleo, transparencia total de las operaciones y una estrategia clara de salida. Sin esos elementos, el riesgo es que la intervención deje de ser un puente hacia la recuperación para convertirse en respiración asistida permanente financiada por el contribuyente.