Un referéndum ilegal

Año y medio llevaba Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando me ofrecí, como (casi) cualquier otro periodista en España, a salir en socorro del Gobierno y sus planes. No iba en serio, claro, pero creía necesario hacer ver la actitud servil de tantos compañeros. Mi carta de presentación consistía en dar unos cuantos consejos sobre cómo llevar a cabo un golpe de Estado moderno.

Entonces, Pablo Iglesias era vicepresidente del Gobierno, no un barman, y Podemos competía en apoyo popular con el PSOE, no con SALF. El partido arrastraba a un porcentaje relevante de españoles que, con Podemos, querían echar abajo el sistema. Los podemitas habían encontrado en el régimen de Venezuela, que hoy no vive su mejor momento, la piedra filosofal: una arquitectura democrática, con votos, Parlamento y demás, y una práctica política dictatorial, que no permite una alternancia. Querían lo mismo para España: relegar a la derecha a estar en la oposición, o a actuar de comparsa de una dictadura.

Hoy, Pablo Iglesias se dedica a alquilar sus medios de comunicación primero a Irán y luego a China. Pero es el político más importante de nuestra ajada democracia, porque su proyecto político lo ha asumido el presidente del Gobierno. Hoy es Sánchez quien tiene el interés y la audacia de asestar un cambio fundamental al sistema político español. Ese proyecto es, para Sánchez, más importante que nunca.

Han cambiado muchas cosas desde diciembre de 2019. En un primer momento pensamos que es un hombre capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Pero luego hemos podido comprobar que el poder no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para un enriquecimiento inmoderado e indebido. Y en derredor suyo se han creado un conjunto de proyectos para la extracción de recursos públicos a gran escala.

También en un primer momento llegué a pensar que Sánchez, con tal de seguir en La Moncloa, sería capaz de cualquier cosa; incluso de defender los intereses de España. Pronto hemos sabido que el Gobierno tiene dos parásitos, que mantienen la forma exterior del ente, pero que por dentro han prostituido su naturaleza, y han puesto sus recursos en beneficio propio: Marruecos y China. Sánchez se ha convertido en un guiñol. Abre y cierra la boca, pero su discurso y sus posiciones políticas se alinean con los intereses de dos naciones extranjeras.

«Sánchez, que deslizó su candidatura a la secretaría general de la OTAN, hoy aspira a ser rentista en un país sin acuerdo de extradición»

Sánchez, que deslizó su candidatura a la secretaría general de la OTAN, hoy aspira a ser un portavoz del Foro de São Paulo, rentista en un país sin acuerdo de extradición o bodeguero en la República Dominicana. Su horizonte en el mundo civilizado es ser detenido por la Interpol, juzgado en España, y quizás recluso en Soto del Real.

Ante esa perspectiva, los viejos planes podemitas de cambio de régimen adquieren más valor. Lo que yo planteé en un primer momento es que el Gobierno planteara un referéndum sobre el modelo de Estado. La clave es que el referéndum sea ilegal, siguiendo el ejemplo de Cataluña. Si es ilegal, quienes defienden la legalidad (y votarían en contra) se abstendrían de participar en él. Saldría una gran mayoría a favor del «sí», y aunque la participación fuera, digamos, del 28%, el Gobierno la daría por buena. Así se lograrían dos cosas: convertir unas elecciones al Parlamento en unas elecciones plebiscitarias y convertirlas en el primer paso hacia una transformación fundamental de nuestra organización política. Sí, la Constitución tiene previstos unos pasos para operar su cambio, pero el gobierno tomaría el resultado como una disolución de facto del texto fundamental.

Recientemente, Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho básicamente la misma advertencia: «Sánchez intentará convertir su crisis de corrupción en una crisis de Constitución. Buscará plebiscitar las elecciones generales para desplazar la crítica de su Gobierno al Régimen: la Monarquía parlamentaria del 78 —que tacharán de caduca y contaminada— frente a una presunta República plurinacional de derechos infinitos y derechas residuales».

Ya hay varios elementos que podrían servir para apoyar ese movimiento. Por un lado, se ha instalado en el discurso oficial que Vox es un partido que amenaza la democracia. Como si esa democracia no fuera la del propio Gobierno. Pero Vox, por supuesto, es un partido perfectamente democrático y no supone ninguna amenaza para la Constitución. El Gobierno favorece las condiciones que permiten un crecimiento electoral de Vox. Llegado el momento de las elecciones, se puede utilizar la «amenaza» de la presencia de Vox en el gobierno para justificar un cambio fundamental.

«Sacar las elecciones de la fecha prevista crea de facto una situación de excepcionalidad que acompañaría el asalto a la Constitución»

THE OBJECTIVE ha recogido unas conversaciones en el entorno de Sánchez considerando la posibilidad de retrasar las elecciones a noviembre, aprovechando una ambigüedad en torno al artículo 68 de la Constitución que, en realidad, no existe. Sacar las elecciones de la fecha prevista crea de facto una situación de excepcionalidad que acompañaría este asalto a la Constitución.

Ya valoré la posibilidad de ilegalizar a Vox, pero para los propósitos del Gobierno sería innecesario e incluso perjudicial. La «amenaza» de Vox tiene que ser real para justificar un cambio político de este calado.

También se puede aprobar de facto la secesión de Cataluña y del País Vasco. Ello obligaría al Rey a defender las leyes y la continuidad histórica de España. Y ese es el pistoletazo para un cambio de régimen.

No es fácil. Lo normal es que un movimiento así saliera mal. Es posible que Sánchez y los suyos, simplemente, se vayan a la República Dominicana a quemar dólares y se olviden de nosotros, los españoles. Pero tampoco lo podemos descartar. La audacia forma parte de su manual de resistencia.