Sí a la guerra justa

El «No a la guerra» de Pedro Sánchez cabe en un titular y ofrece una inmediata sensación de superioridad moral. Pero cuando lo que hay enfrente es una dictadura represiva y expansionista, el pacifismo retórico puede convertirse en irresponsabilidad.

Que una guerra plantee serias dudas jurídicas no convierte a la inacción en una posición moralmente superior. Ese es el gran punto ciego del discurso de Sánchez. La pregunta relevante no es solo si una intervención militar cumple todos los requisitos formales del Derecho Internacional, sino también qué ocurre cuando la comunidad internacional decide mirar hacia otro lado mientras un régimen reprime a su población, exporta inestabilidad y gana tiempo gracias a la pasividad de los demás. La no intervención también produce muertos, cárceles, exilios y sociedades destruidas; solo que lo hace de manera más lenta y menos visible.

Irán es un ejemplo incómodo para el pacifismo de consigna. El régimen de los ayatolás no es solo un adversario geopolítico de Occidente; es también un sistema que, según la ONU, recurre a detenciones masivas, tortura, ejecuciones, represión sistemática y asesinatos políticos. La respuesta simplista de nuestro presidente a esta barbarie es el eslogan del «No a la guerra».

Una democracia puede oponerse a una intervención concreta y, al mismo tiempo, reconocer que existen situaciones en las que el uso de la fuerza puede convertirse en el mal menor para evitar amenazas mayores. Lo preocupante del mensaje de Sánchez no es solo su rechazo de esta guerra, sino su negativa a admitir que hay escenarios en los que la fuerza, aun siendo trágica, puede ser necesaria.

Resulta llamativo en alguien que conoció de primera mano el conflicto de los Balcanes trabajando junto al Alto Representante internacional en Bosnia, Carlos Westendorp. Aquella etapa fue precisamente uno de los momentos en los que Europa tuvo que enfrentarse a las consecuencias de haber reaccionado demasiado tarde ante la violencia en Yugoslavia. Las guerras balcánicas nos enseñaron que la pasividad internacional también tiene costes humanos enormes. Durante años, la comunidad internacional se limitó a declaraciones diplomáticas mientras se producían matanzas y limpiezas étnicas. Solo cuando la intervención internacional se volvió inevitable se logró frenar la tragedia.

«Sánchez olvida el precedente de Kosovo en 1999. La OTAN intervino contra el régimen de Milošević sin autorización de la ONU»

Conviene distinguir entre la legalidad estricta de una intervención militar y su legitimidad política y moral. Muchas voces en Europa sostienen que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán vulneran la Carta de la ONU, al no encajar en la legítima defensa ni contar con la autorización del Consejo de Seguridad. Sánchez ha asumido esa línea crítica y la ha condensado en su conocido eslogan.

Sin embargo, el presidente español parece olvidar el precedente de Kosovo en 1999. Entonces la OTAN intervino contra el régimen de Slobodan Milošević sin autorización del Consejo de Seguridad. Desde un punto de vista jurídico, aquella intervención era contraria al Derecho Internacional. Pero se produjo en un contexto de limpieza étnica contra la población albanokosovar y evitó una catástrofe humanitaria mayor, poniendo fin a una campaña sistemática de persecución y desplazamiento de civiles.

La experiencia de Kosovo llevó a la comunidad internacional a reflexionar sobre el dilema entre legalidad formal e imperativo moral. En 2001, una comisión internacional independiente impulsada por Canadá elaboró el concepto de Responsabilidad de Proteger, adoptado posteriormente por la ONU en 2005. El principio es sencillo: la soberanía no puede servir como escudo para que un Estado cometa atrocidades contra su propia población.

Cabe preguntarse entonces: ¿habría defendido Sánchez la no intervención en Kosovo? ¿Habría preferido que la comunidad internacional permaneciera al margen mientras se desarrollaba la limpieza étnica?

«Cuando las democracias sustituyen la acción por la pura declaración moral, los regímenes autoritarios consolidan su poder»

A estas preguntas muchos ciudadanos que viven bajo regímenes autoritarios, desde Venezuela hasta Irán o Cuba, responderían con rapidez: la pasividad internacional tiene consecuencias. Cuando las democracias sustituyen la acción por la pura declaración moral, los regímenes autoritarios consolidan su poder. La no intervención se convierte a menudo en una coartada para la pasividad que deja tras de sí opositores encarcelados, periodistas silenciados, mujeres perseguidas y millones de ciudadanos empujados al exilio.

Sánchez cree ocupar la posición ética porque pronuncia las palabras correctas. Pero la política exterior no se mide por la pureza de las frases, sino por la capacidad de distinguir entre agresores y agredidos, entre dictaduras y democracias, entre el uso ilegítimo de la fuerza y la violencia empleada para contener una amenaza real.

El problema del «No a la guerra» como principio absoluto es que infantiliza el conflicto internacional. Presupone que toda guerra es igualmente condenable y que cualquier uso de la fuerza frente a un régimen peligroso constituye un desastre. Pero en el mundo actual, como dice Von der Leyen, antaño aliada de Sánchez, ya no vale la retórica vacía del deeply concerned si no va acompañada de la disuasión del poder militar.

Defender la idea de guerra justa no significa aplaudir cualquier bombardeo ni otorgar cheques en blanco a Washington o a Israel. Significa aceptar la realidad incómoda, de que hay momentos históricos en los que la fuerza puede ser necesaria para proteger vidas humanas o frenar amenazas mayores. Significa reconocer que la inacción también mata y que una democracia adulta no puede refugiarse siempre en el pacifismo verbal cuando se enfrenta a regímenes que desprecian los derechos humanos y utilizan la legalidad internacional como escudo.

La verdadera responsabilidad internacional no consiste en repetir «No a la guerra» como Sánchez, sino en impedir que la injusticia se imponga cuando nadie está dispuesto a detenerla.