Mazón, la imputación y la juez de la dana

Carlos Mazón dimitió. Asumió responsabilidades políticas por la gestión de la dana, que no es poco en un país donde dimitir suele considerarse una excentricidad nórdica. Se equivocó, especialmente en esa sobremesa que ya forma parte del folclore político reciente, de acuerdo. Pero hasta ahí llega la política. Lo que vino después ya no era política.

Era otra cosa. Era el intento de convertir un error en delito por la vía rápida.

Durante más de un año, algunas asociaciones de víctimas han repetido una consigna con la persistencia de un despertador a las seis de la mañana, «Mazón a prisión». Se entiende el dolor, incluso la indignación. Lo que cuesta más es esa seguridad jurídica de barra fija. No está claro si nace de la convicción o de ese susurro constante que la izquierda política sabe inocular cuando encuentra un lema rentable. El resultado, en todo caso, es el mismo: repetir algo hasta que parezca verdad.

Solo que el Código Penal no funciona así. No se activa por aclamación. No se reforma por insistencia. No se interpreta por volumen. Y, sin embargo, durante meses se ha intentado exactamente eso, convertir el ruido en argumento y la consigna en fundamento jurídico.

«Durante meses todo estaba perfectamente alineado, la tragedia, el culpable señalado, el relato en marcha»

Ahí es donde entra la juez de la dana, dispuesta a ensayar una fórmula poco ortodoxa, empezar la casa por el tejado. Primero la conclusión (imputar a Mazón) y después, si acaso, buscar cómo encajan los hechos. Una especie de ingeniería inversa del derecho, como si el proceso penal fuera un mueble de Ikea que puede montarse en el orden que más convenga. El problema es que luego sobran piezas.

Porque el derecho penal, para desgracia de los entusiastas del atajo, exige algo más que intuición. Exige pruebas. Exige conexión causal. Exige un deber jurídico claro. Palabras poco épicas, pero decisivas. Y cuando esas piezas no encajan, lo que queda no es una imputación, sino un intento.

El TSJ ha tenido la mala educación de recordarlo. Sin estridencias, sin discursos grandilocuentes, pero con esa frialdad que tiene la ley cuando alguien intenta retorcerla. Básicamente, un «por aquí no». Porque una cosa es la responsabilidad política y otra muy distinta convertirla en penal como quien cambia de carril sin intermitente. Y eso descoloca.

Descoloca porque rompe el guion. Durante meses todo estaba perfectamente alineado, la tragedia, el culpable señalado, el relato en marcha. Mazón convertido en símbolo penal antes de que existiera una base penal sólida. Era cómodo. Era sencillo. Era, sobre todo, útil. Hasta que alguien decide levantar la mano.

Y entonces aparecen las grietas. Esas grietas incómodas que no se rellenan con declaraciones ni con concentraciones. Porque por mucho que se grite «Mazón a prisión», el delito no aparece por generación espontánea. Ni se multiplica con cada repetición. El derecho, por fortuna, no funciona como un coro.

Funciona, aunque incomode, al revés: primero las pruebas y luego las conclusiones. No al contrario. Y cuando ese orden se invierte, lo que se resiente no es solo una instrucción judicial. Es todo el relato que se había construido alrededor.

Por eso, las prisas por imputar al expresidente valenciano —y el consiguiente correctivo del TSJ— han hecho algo más que frenar una vía penal. Han dejado, de un plumazo, a la izquierda sin argumento. A esa izquierda que aspiraba a convertir la dana en un recurso político de largo recorrido, mientras otras responsabilidades, bastante menos cómodas de señalar, quedaban cuidadosamente fuera de foco. El problema es que el derecho no vive de relatos.

Y cuando el relato se queda sin derecho, se queda en lo que siempre fue: ruido.