Los ladrones habituales: la trampa en la justicia española

Hay una expresión que El País y otros medios de la izquierda mediática española han normalizado con una eficacia que merece análisis: «Ladrones habituales». Es una denominación que suena casi simpática, casi tolerante, como si describiera a alguien con una costumbre inofensiva. En realidad describe a individuos que han convertido el robo en su profesión, que son detenidos decenas de veces al año, y que al día siguiente de cada detención vuelven a la calle a seguir robando. El lenguaje no es inocente: llamarlos «habituales» en lugar de lo que son, delincuentes profesionales crónicos, forma parte de la misma arquitectura ideológica que durante años ha bloqueado cualquier respuesta legislativa efectiva.

Los datos son de una precisión brutal. En 2025, los Mossos d’Esquadra identificaron en Barcelona a 470 multirreincidentes activos que fueron detenidos 4.001 veces y cometieron 9.726 hechos penales, principalmente hurtos y robos con violencia, lo que supone una media de casi 21 delitos por persona. Cinco de esos individuos, los más activos, acumularon entre todos 197 detenciones en un solo año. Conviene detenerse en ese número: 197 detenciones entre cinco personas, en doce meses, con el sistema judicial plenamente operativo, con policías que los conocen, con cámaras que los identifican, con fiscales que los procesan. Y siguen en la calle.

La pregunta que nadie en el Gobierno quiso responder durante años es la más obvia: si la policía sabe exactamente quiénes son, dónde actúan y cómo operan, ¿qué falla para que sigan robando? La respuesta tiene nombre: el Código Penal. Los ladrones multirreincidentes saben que actuar en Cataluña, judicialmente, sale a cuenta. Los procesos judiciales se alargan y no hay medidas cautelares que los alejen de la calle. Un caso documentado por la prensa catalana describe a un hombre magrebí de 20 años con 33 detenciones en el año 2025 que no ingresó en prisión hasta superar la treintena de arrestos en menos de doce meses. No es una anécdota: es la regla.

El sistema, hasta hace pocas semanas, estaba diseñado con una incoherencia que roza lo cómico si no fuera tan grave. La sanción era la misma para quien cometía un delito que para quien cometía una sucesión continua de delitos, lo que actuaba como estímulo para los reincidentes y desincentivaba a víctimas, policías, jueces y fiscales. Dicho en términos económicos: el Código Penal había construido un modelo de negocio extraordinariamente rentable para el delincuente profesional. Coste marginal de cada robo adicional: prácticamente cero. Beneficio esperado: el valor de lo sustraído. La racionalidad criminal del sistema era impecable para quien decide vivir de robar.

No estamos hablando de un problema marginal. En toda Cataluña, la policía ha contabilizado unas 4.000 personas con perfil de «ladrón con riesgo de persistencia», y ese 10% de los ladrones es responsable del 34% de todos los delitos. Una minoría muy pequeña concentra una fracción desproporcionada del daño social. Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, esto significa que una intervención quirúrgica sobre un grupo reducido y perfectamente identificado podría reducir la criminalidad en un tercio. No hace falta reformar la sociedad ni invertir en programas de integración durante décadas: bastaría con mantener a 4.000 personas identificadas fuera de circulación.

El perfil de estos delincuentes no es un secreto. En el aeropuerto de El Prat, los agentes tienen una pared con fotografías de los multirreincidentes más habituales agrupados por origen: hombres de países de Europa del Este especializados en robos en vehículos y autovías, y jóvenes procedentes del norte de África. Entre las personas detenidas siete o más veces en un solo año en Cataluña, el 57,5% son marroquíes o argelinos. Esto no es una estadística sobre la población magrebí en general, que en su inmensa mayoría vive dentro de la ley, trabaja y contribuye. Es una estadística sobre un subconjunto muy concreto que ha encontrado en el sistema judicial español una hospitalidad que ningún otro país europeo le ofrecería.

El fenómeno no es estático. La multirreincidencia se está expandiendo de Barcelona a ciudades medianas, poniendo a prueba la seguridad local de municipios que históricamente contaban con índices de criminalidad bajos. Los delincuentes profesionales emigran hacia donde la presión policial es menor y el sistema judicial más laxo. Es arbitraje jurisdiccional puro, la misma lógica que lleva a las empresas a instalarse en países con menos regulación, aplicada al crimen.

El 12 de febrero de 2026, el Congreso aprobó finalmente una reforma del Código Penal impulsada por Junts. La norma salió adelante con los votos de PSOE, PP, Vox, Junts y PNV, con 302 votos a favor. Introduce penas de uno a tres años de cárcel por robo de móviles, y permite a los jueces imponer órdenes de alejamiento de barrios o calles concretas donde los multirreincidentes actúan habitualmente, una herramienta legal que hasta ahora no existía. Es un avance real. Pero tiene tres problemas que conviene nombrar sin eufemismos.

El primero es que la ley todavía no está en vigor: debe pasar por el Senado antes de su aplicación definitiva. El segundo es que la reforma llegó tarde y fue bloqueada durante casi dos años por los socios de izquierda del Gobierno, los mismos que durante ese tiempo describían a los multirreincidentes como víctimas del sistema. El tercero, y más importante, es que el problema también está en los juzgados, donde hay un bloqueo crónico de los juicios rápidos a los que deberían enfrentarse estos delincuentes. Una ley que endurece penas, pero que no agiliza los procesos judiciales es una promesa, no una solución.

Hay además una cuestión que la reforma no aborda: la expulsión. Para los multirreincidentes extranjeros, la respuesta más eficaz no es encarcelarlos en prisiones españolas a coste del contribuyente español, sino expulsarlos a sus países de origen con prohibición de reingreso. Las expulsiones de multirreincidentes pasaron de 175 en 2024 a 243 en 2025, un aumento que va en la dirección correcta, pero que sigue siendo marginal frente a los 4.000 delincuentes habituales identificados en Cataluña.

Los «ladrones habituales» de El País son, en realidad, empresarios del crimen con un modelo de negocio que el Estado español ha subvencionado durante años con su propia incapacidad. La cuestión no es ideológica ni xenófoba: es aritmética. Un sistema que detiene a la misma persona 33 veces en doce meses antes de encarcelarla no está fallando en los márgenes. Está fallando en su función más básica. Y mientras el debate público se enreda en eufemismos, los vecinos de Ciutat Vella, del Ensanche y de los barrios obreros de Barcelona saben perfectamente a quién le ponen cara cuando salen a la calle con la mano sobre el bolsillo.