El doble muro de Sánchez

Después de las elecciones celebradas sucesivamente en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pocos comentaristas pueden ya pasar por alto la pérdida de poder territorial del PSOE de Pedro Sánchez. Los politólogos Sandra León y Pablo Simón se lo recordaban a los lectores de El País el pasado lunes, presentando una explicación causal que, fuera del marco oficialista, es cosa sabida desde hace mucho tiempo: la estrategia política que permite a Sánchez permanecer en Moncloa —despliegue de una política confederal orientada a la satisfacción de las demandas de los nacionalismos catalán y vasco— provoca fuera de esas comunidades el rechazo de unos votantes que ven con malos ojos el trato de favor dispensado a los privilegiados habituales.

Todo indica que las elecciones andaluzas previstas para mediados de mayo ratificarán esa tendencia, complicando de paso la vida a un Moreno Bonilla que difícilmente revalidará su mayoría absoluta a la vista del ascenso de Vox.

Quienes solo tienen ojos para las «jugadas maestras» de Sánchez —ese maquiavélico «perro» que nunca falla cuando se trata de hacer rabiar a la derecha— ven estas sonoras derrotas como parte de su plan para maximizar las opciones de victoria en las generales que habrían de celebrarse en 2027: entendiendo por «victoria» una derrota que le permita ser investido por sus socios.

«La jibarización del poder territorial del PSOE debería ir acompañada de la cooperación entre el Gobierno y las autonomías»

No está claro, sin embargo, que salgan las cuentas: mientras que su exitosa encarnación como líder global del antitrumpismo le permite quitar votantes a nuestra declinante extrema izquierda, con la jugosa ganancia de escaños que eso puede suponer en el sistema electoral español, su menguante bloque no parece estar en condiciones de disputar hoy —mañana ya veremos— la victoria al que forman, incómodo tándem, PP y Vox.

Ocurre que la estrategia electoral de Sánchez no solamente tiene un fuerte coste para su propio partido, cuyas organizaciones territoriales pierden recursos institucionales a ojos vista, sino que impacta negativamente sobre la capacidad del Estado —entendido en un sentido amplio como suma de los distintos niveles de gobierno— para resolver los problemas de los españoles. Y de eso, en cambio, se habla menos.

Así como no hay manera de soslayar que este Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria funcional, hasta el punto de que parece dispuesto a hacer lo inconcebible y dejar pasar la legislatura sin presentar cuentas públicas, olvidamos que la cooperación entre los distintos niveles del poder territorial es imprescindible para el diseño de políticas públicas eficaces. Acaso no haya mejor ejemplo que la vivienda: solo si las distintas administraciones trabajan en la misma dirección podría empezar a paliarse una crisis de asequibilidad que responde a múltiples factores y jamás se resolverá con cataplasmas ideológicas.

Quiere decirse que la jibarización del poder territorial del PSOE debería verse acompañada de una interlocución constructiva entre el Gobierno central y los distintos gobiernos autonómicos; en un país tan descentralizado como España, hay muchas cosas que el Ejecutivo central no puede hacer —por mucho que quiera o diga querer— si la mayoría de los gobiernos autonómicos están en manos de la oposición. Al fin y al cabo, la distribución territorial del poder en los Estados compuestos viene a ser una extensión de la separación de poderes: también así estos se «desconcentran».

Tal como dice la doctrina clásica, los distintos poderes del Estado no solo han de vigilarse recíprocamente, sino que deben colaborar entre sí para dar forma a una voluntad estatal eficaz. Por desgracia, el muro que Sánchez ha levantado entre los españoles tiene continuidad institucional; la capacidad de nuestra democracia para gestionar los problemas colectivos se ve por ello socavada. Y eso sí que lo pagamos todos. O casi todos.