El Gobierno compra la historia
«En democracia, una ‘comisión de la verdad’ presidida por un exjuez prevaricador no debería indicar a los historiadores qué camino seguir ni imponer un relato oficial»
Ilustración generada mediante IA.
La reciente deriva de las políticas de memoria en España, cristalizadas en leyes que buscan imponer un relato oficial bajo la apariencia de una «Comisión de la Verdad», plantea un serio interrogante sobre la salud de nuestra democracia. Lo que se presenta como un ejercicio de justicia y reparación para las víctimas es una herramienta de ingeniería política destinada a la deslegitimación del adversario y a la fractura del consenso constitucional de 1978. La memoria, que debería servir para enterrar errores y fomentar la convivencia, se ha transformado en un «arsenal» de propaganda partidista.
La génesis de este intervencionismo histórico no es académica, sino puramente estratégica. Desde 2006, bajo la presidencia de Zapatero, el PSOE inició un retorno a posturas que recordaban a 1974, cuando la izquierda buscaba la autodeterminación y la solidaridad con nacionalismos periféricos para socavar la unidad del Estado. Esta estrategia de búsqueda de una superioridad moral e histórica tenía como objetivo principal expulsar al PP del sistema democrático, vinculándolo artificialmente con el franquismo para negar su legitimidad como heredero de los «Padres de la Constitución». Hoy, Sánchez insiste en que está en el «lado correcto de la historia» para negar esa condición a la oposición.
Las leyes de memoria histórica no nacieron, por tanto, para resarcir a todas las víctimas, sino para crear un «conflicto político con la derecha» y deslegitimar la Transición. De hecho, la última está dictada por Bildu y afecta al primer gobierno de Felipe González. Al presentar el tránsito de la dictadura al régimen constitucional como un «apaño franquista», el Gobierno de Zapatero en el pasado y el actual de Sánchez buscan asentar un bloque hegemónico con los nacionalistas e independentistas, apropiándose de la democracia, de la moral, e incluso del sistema para transformarlo a su gusto.
Uno de los aspectos más alarmantes de la «Comisión de la Verdad» es que recuerda experiencias autoritarias al pretender establecer una «memoria de Estado» que niega el pluralismo intelectual. Esta institucionalización de «la verdad» ha convertido a ciertos personajes públicos en «guardianes del pasado» para recrear un relato político con apariencia histórica. Esos dictadores de la verdad son individuos sujetos a un partido político elegidos para exhibir una memoria selectiva que oculte o blanquee los crímenes realizados por las izquierdas en España. Cabe preguntarse: ¿Qué se puede esperar de ellos si aplauden a Bildu, una coalición que homenajea a los terroristas? Si Sánchez es capaz de nombrar un Tribunal Constitucional para que funcione como su tragadera, lo mismo ocurrirá con la «Comisión de la Verdad». Si hemos visto cómo se ocultan informes que señalan la mala gobernanza o la corrupción, lo mismo hará dicha comisión.
El único interés de Sánchez en la historia es levantar muros contra media España, distraer de su negligencia y de los casos de corrupción que le rodean. Prefiere hablar de Franco que de los muertos en Adamuz, del apagón energético o de la falta de presupuestos. Además, el sanchismo establece una inmoral jerarquía de muertos: mientras se exige la máxima reparación para las víctimas de la dictadura, se muestra un desprecio hacia las víctimas del terrorismo de grupos de izquierda como ETA, el FRAP o los GRAPO, que asesinaron en plena democracia. Al excluir a las víctimas de la violencia política de la Segunda República o a las víctimas del terrorismo reciente del núcleo de la «memoria democrática», el Gobierno confiesa que su objetivo no es la solidaridad universal, sino el ajuste de cuentas ideológico.
«La verdadera memoria democrática no necesita de una ‘Comisión de la Verdad’ sanchista y sectaria»
Frente a este frentismo pueril, surge la necesidad de leyes de concordia que eliminen el sesgo ideológico y traten la reparación como una cuestión de Estado, no de partido. En democracia, una «comisión de la verdad» presidida por un exjuez prevaricador no debería indicar a los historiadores qué camino seguir ni imponer un relato oficial. Como señala Inger Enkvist, una sociedad democrática se basa en un estilo moral de convivencia y en el respeto a la libertad legal del otro. Esto se rompe cuando se hacen leyes contra la mitad de la población -representada en el PP y Vox-, y se crea una comisión para establecer una narrativa al estilo de los regímenes autoritarios.
El uso partidista de la historia es una señal de debilidad democrática. Cuando el pasado se convierte en un instrumento para forzar el enfrentamiento político, se está sembrando una discordia peligrosa para las futuras generaciones. Manuel Azaña, que tanto se confundió durante años, rectificó en su famoso discurso de 1938 instando a sacar lecciones de la «musa del escarmiento» para evitar que el odio y la intolerancia volvieran a enfurecer a la nación. Era tarde para eso, claro.
La verdadera memoria democrática no necesita de una «Comisión de la Verdad» sanchista y sectaria, sino de una conciencia ciudadana que reconozca los errores de todos los bandos, garantice la libre investigación histórica y, sobre todo, no utilice a los muertos como peones en un juego de poder. Solo así podremos superar el discurso falso de las «dos Españas» y construir una convivencia digna.