Recortes de prensa y recortes de ética

Está siendo espeluznante escuchar a los testigos que están pasando por el Tribunal Supremo en esta primera semana de la vista oral por el caso de las mascarillas, en el que están acusados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Declaraciones que están ratificando no solo la existencia de una trama de corrupción, sino unas ramificaciones y extensiones donde el dinero y el poder se han entremezclado en todo tipo de peculiares situaciones. No es habitual que en el pago de presuntas mordidas acaben apareciendo personajes como esas «amigas especiales» de Ábalos. Amigas que no solo conseguían empleos en empresas públicas —a los que ni siquiera tenían que acudir a trabajar—, sino que a alguna de ellas se le pagó con supuestas mordidas durante años el alquiler de una vivienda de lujo.

Otras declaraciones han ratificado cuestiones más espinosas, como las efectuadas por las Pano, madre e hija, sobre entregas de dinero en metálico en la sede de Ferraz del PSOE y que apuntan a una presunta financiación irregular del partido socialista. Pese a la gravedad de lo que se escucha, nada está siendo sorpresa. Desde lo más escabroso a lo más acusatorio, casi todo era ya conocido de alguna forma por la opinión pública. Los testigos están confirmando otra vez los hechos que ya se habían publicado por los medios. No por todos los medios, solo algunos valientes y críticos con el poder, que fueron los que han llevado la carga de la investigación y la publicación sobre estos escándalos de corrupción. «Máquinas de fango» o «fábricas de bulos» fueron los insultos más suaves que recibieron desde el Gobierno y simpatizantes.

Recordemos que en un principio algunas de las informaciones fueron tan escandalosas que hasta parecían disruptivas, porque desvelaban escabrosas aficiones personales de Ábalos presuntamente pagadas con dinero público. Lo mismo con su peculiar estilo de cobro de gastos que, también presuntamente, eran pagados por el partido o por el ministerio, o por los dos a la vez el mismo día y en sitios distintos. Una contabilidad tan extraña y bananera que el gerente del PSOE huyó del puesto hacia un cargazo en otra empresa pública.

De aquellas primeras informaciones, las únicas reacciones del poder fueron el desprecio, el insulto y las coacciones de todo tipo a los medios y, por supuesto, la amenaza de acciones judiciales contra el mensajero. Todas las que puso Ábalos las perdió. De las que anunció el PSOE que iba a poner contra los medios que publicaban sus investigaciones sobre corrupción, nunca más se supo.

La maquinaria de la Moncloa y de Ferraz intentó siempre menospreciar esas informaciones de escándalos, calificándolas como simples «recortes de prensa». Como si al llamarlas «recorte» quisieran eliminar la veracidad de lo publicado y, por defecto, despreciar la profesionalidad del periodista y del propio medio de comunicación. Parecían obviar —aunque lo sabían bien— que la mayoría de los escándalos sobre corrupción conocidos en España, y en todo el mundo, han empezado casi siempre por informaciones que denunciaban hechos ilegales que el poder no quería que se conocieran.

Al tildarlo de «recorte», se intentaba cuestionar cualquier acción judicial que se intentara abrir sobre el contenido de la información. Hasta el Watergate, el más famoso de los escándalos desvelados en una democracia y que acabó con la dimisión de un presidente de Estados Unidos, empezó con una información con un recorte de The Washington Post. En aquellos años y en algunos países sí había exigencia de una responsabilidad política y de que se pagara, fuera quien fuera.

No ha sido lo mismo en España. Ni en uno solo de los casos de corrupción que rodean al presidente Sánchez —en su Gobierno, en su partido e incluso en su entorno familiar— se ha asumido algún tipo de responsabilidad política. Dirán que expulsaron a Ábalos del grupo parlamentario socialista cuando se conocieron por la prensa los contenidos de los informes de la UCO con los primeros datos de las correrías de Koldo. Que lo expulsaron porque Koldo era su hombre de confianza y que, por tanto, Ábalos era el responsable. Un criterio que nunca se ha autoaplicado el propio Sánchez, cuando no solo Ábalos, sino también Cerdán, sus dos hombres de máxima confianza política, han acabado sumidos en procesos judiciales que los han llevado, o han hecho pasar, por prisión.

Recortes de responsabilidad que se han convertido en recortes de ética. Nadie asume responsabilidad. Y en esa ingeniería de la nueva política, Pedro Sánchez declaraba, con toda soltura y sin pestañear, que ya han asumido responsabilidades políticas. Quiere hacer creer a todo el mundo que justamente por decir que se han asumido responsabilidades políticas, se han asumido esas responsabilidades políticas, sin que nadie, en realidad, haya asumido esas responsabilidades.

Es intolerable que tampoco ahora el presidente Sánchez haya realizado ninguna comparecencia ni ninguna declaración sobre este juicio en el que se sienta el que fuera su hombre de confianza y en el que se juzga no solo la trama de las mascarillas, sino que se apuntan ya todas las ramificaciones con otros escándalos que manifiestan la existencia de un sistema corruptor que afectaba a su administración. Con Sánchez no hablamos ya solo del recorte de ética que ha impuesto en su forma de gobernar, asimilando la mentira como algo natural, pactando contra natura como una forma de sobrevivir políticamente o creando muros excluyentes como política de choque contra la mitad de sus propios gobernados.

Puede ser que su silencio se deba a que las declaraciones en el Supremo siguen ratificando aquellas informaciones de las que tanto se reían desde el poder y aledaños mediáticos. Tiene un valor fundamental escuchar ahora en el Supremo, por ejemplo, a la empresaria Carmen Pano ratificar la entrega de 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz. Y hay que recordar la primera vez que lo leímos. Fue en octubre de 2024 cuando Ketty Garat y Teresa Gómez publicaron en THE OBJECTIVE esa información.

Cuatro meses de trabajo de investigación y confirmación de las dos periodistas hasta que publicaron esa primera entrevista en la que se mantenía el anonimato de la denunciante. Luego Carmen Pano dio la cara y volvió a confirmar que en octubre de 2020 había entregado en Ferraz, en dos viajes, un total de 90.000 euros. Lo repitió en la Audiencia Nacional y ahora lo ha hecho en el Supremo. Hay que darle valor a un testimonio con el que se está autoinculpando de un delito y que mantiene pese a las presiones y coacciones recibidas. Declaraciones que inducen a una presunta financiación irregular del PSOE. Un «recorte de prensa» del que se reían en Ferraz y Moncloa.

Todos parecen haber olvidado ahora la presión, desprecios y menosprecios que recibieron Ketty Garat y Teresa Gómez, el director del medio, Álvaro Nieto, y en definitiva toda la marca THE OBJECTIVE. Una campaña bestial, no solo desde el poder, también —desgraciadamente— de supuestos compañeros de profesión que ridiculizaron las informaciones y que ahora, que son ratificadas en sede judicial, las comentan como si ellos mismos hubieran colaborado en su investigación, olvidando que las silenciaron a sus lectores.

Este de las mascarillas es solo el primero de los casos de corrupción del Gobierno que pasa por los tribunales. De un presidente que todavía gobierna y que tendrá también que afrontar otros casos abiertos más graves y cercanos. Todos empezaron como «recortes de prensa» que, o bien revelaban investigaciones policiales o judiciales, o bien trabajos periodísticos que servían para iniciarlas. Recortes de prensa que siempre ayudan a limpiar las democracias. Cada recorte de prensa que denuncia una corrupción es un freno a los recortes de ética de un Gobierno que no asume ninguna responsabilidad política.