PSOE y PP sin empate judicial

El problema del PSOE con la corrupción es que pretende equiparar, en términos políticos y éticos, los casos de financiación ilegal y los procesos judiciales que implican a miembros de su propio partido con el juicio del caso Kitchen que afecta al PP. Aunque los dos juicios coinciden en el tiempo, ni responden a momentos comparables ni reflejan realidades políticas equivalentes. El PSOE y el PP encaran estos procesos desde realidades políticas actuales profundamente distintas de aquellas en las que se originaron los hechos que hoy se juzgan. El PSOE busca el desgaste de ambos partidos, asegurando que los investigados vinculados a su formación son casos aislados y de carácter marginal. En cambio, considera que lo del PP sí que afecta al partido, por lo que desde la acusación popular el PSOE solicitó que se imputara al PP como beneficiario lucrativo. El PSOE pretende desde sus medios que para el Partido Popular el caso Kitchen sea un linchamiento colectivo y que lo suyo sea una anécdota protagonizada por dos marginales con los que no tiene nada que ver.

Al haber pasado tantos años de la operación, las responsabilidades políticas del Partido Popular están totalmente purgadas y saldadas. Cuando sucedieron los hechos que ahora se juzgan, la depuración de responsabilidades penales se veía entremezclada con otros casos previos de corrupción vinculados a personas del Partido Popular. La acumulación de todos estos factores culminó en el desalojo del gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura.

La salida de Rajoy provocó la celebración de un Congreso del Partido Popular, en julio de 2018, estrenando un sistema híbrido de elección de compromisarios en el que participó activamente la militancia. Así, se sometieron a la evaluación política, entre otros, Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno y jefa del comando «bolso en el escaño», contra María Dolores de Cospedal, la secretaria general amiga del comisario Villarejo.

Los militantes del Partido Popular eliminaron a las dos y otorgaron la victoria y el control del partido a Pablo Casado. Sin llegar a cumplir los cuatro años de mandato, fue sustituido el 2 de abril de 2022 por Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia. En el momento en que se inicia el juicio, Feijóo es el máximo responsable del partido. La realidad política, frente a las acusaciones del PSOE, es que ninguno de los diputados del PP ni de su dirección actual tiene relación con el caso. Ninguno. Por eso, cuando se les pregunta por su posición respecto al caso, la respuesta es que «la justicia haga lo que tenga que hacer».

Las responsabilidades políticas fueron asumidas por la organización, que apartó de la actividad política al presidente Rajoy, a su vicepresidenta y a su secretaria general, que se sentarán en el banquillo como testigos. Aunque somos muchos los que pensamos que deberían tener que sentarse como investigados. Pero eso es competencia de la justicia.

En el caso de Ábalos y Koldo, el caso PSOE, Pedro Sánchez afirma haber asumido la responsabilidad política, limitándose, sin embargo, a declararlo en el plano discursivo. La responsabilidad política ante un caso tan grave de corrupción y financiación ilegal de su partido se ha reducido a la mera afirmación de que «ha asumido las responsabilidades políticas». Y punto. O nos toma por tontos o su nivel de enajenación es muy preocupante. Sea cual sea la realidad, no existe atenuante alguno para una conducta de esta naturaleza.

La realidad política es que Pedro Sánchez y el PSOE afrontan una gran responsabilidad política que aún no ha sido esclarecida. Pedro Sánchez era el máximo responsable del PSOE cuando la empresaria entraba en su sede a entregar bolsas con dinero negro para la financiación del partido. Pedro Sánchez era el responsable del partido cuando el hermano de Koldo iba al partido a retirar sobres con dinero negro. Pedro Sánchez era el presidente cuando se otorgaban contratos públicos, en sus Gobiernos, por su ministro y número dos del partido con cargo a los presupuestos generales del Estado, para pagar los favores sexuales. O sea que pagábamos todos. Pedro Sánchez era el responsable del partido y del Gobierno cuando se traficaban comisiones y favores con mascarillas y obras.

«Cuando sucedieron los hechos que ahora se juzgan, la depuración de responsabilidades penales se veía entremezclada con otros casos previos de corrupción»

La realidad política es que Pedro Sánchez era el máximo responsable del gobierno y del partido cuando se cometieron esos delitos. Y otros muchos más. Pedro Sánchez era el máximo responsable del Gobierno y del partido y lo sigue siendo. Además, se sentaba en el Congreso de los Diputados junto a Ábalos. Como también lo hacían Marlaska, Bolaños, María Jesús Montero, Patxi López y una larga lista de cómplices y encubridores. Todos ellos son cómplices políticos y por ello tienen responsabilidad política por los delitos que se juzgan en el Tribunal Supremo.

De igual manera, Yolanda Díaz y otros tantos ministros y grupos parlamentarios, que sin ser del PSOE mantienen al PSOE de Pedro Sánchez en el poder. Son cómplices necesarios por mantener una postura absolutamente contradictoria con lo que defendieron y apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Si de verdad creyeran en lo que votaron, hace años que habrían dejado caer a Pedro Sánchez. La única corrupción que no toleran es aquella que no les reporta rédito político o económico.

Lo cierto es que, mientras se sucedían los hechos que hoy se enjuician en el Tribunal Supremo, todos los políticos que ocupaban responsabilidades políticas estaban junto a los procesados. En cambio, en relación a los hechos vinculados a la operación Kitchen, ninguno de los actuales diputados del Congreso ni de la dirección del Partido Popular tiene implicación en el caso. Gran diferencia. Por ello, no cabe establecer una equiparación entre los distintos procesos judiciales de corrupción, por más que los responsables políticos del PSOE, todo el sicariato mediático de opinión sincronizada y algún cómplice más intenten plantearla en términos de empate. Qué bueno es que se juzgue la corrupción. Toda.