Antonio Ledezma; por la fuerza, nunca por la razón

El fuero legal que pueda asistirle a Ledezma en virtud de ser una figura electa en votación popular no fue tomado en cuenta como un atenuante a la hora de actuar en contra del dirigente opositor.

La Fiscalía General de la República finalmente se ha decidido a dar la cara a nombre del Estado Venezolano –que, para todo efecto práctico, es el denominado gobierno bolivariano- para presentar los cargos formales en contra del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Ledezma, alcalde reelecto el ejercicio, fue llevado por la fuerza a prisión mientras despachaba en sus oficinas, que fueron allanadas de forma brusca en horas laborales, sin que se le presentaran formalmente cargos judiciales para privarlo de la libertad. Se le acusa de conspiración y asociación para delinquir, entre otros delitos previstos en el Código Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, y una eventual condena en su contra le podría costar una larga estadía en prisión.

El fuero legal que pueda asistirle a Ledezma en virtud de ser una figura electa en votación popular no fue tomado en cuenta como un atenuante a la hora de actuar en contra del dirigente opositor.

Hace poco, el presidente uruguayo Tabaré Vásquez, del Frente Amplio, expresó ya de manera diáfana sus inquietudes en torno al encarcelamiento de Ledezma y Leopoldo López. Tradicional aliado del chavismo, el gobierno de Uruguay, sea con Pepe Mujica o con Vásquez, suma ya una inusitada cadena de desencuentros con el Palacio de Miraflores en esta hora compleja.

Hace siete años Antonio Ledezma le propinó una contundente y sorpresiva derrota a los chavistas en la Alcaldía Metropolitana. Fue un hecho que supuso el fin del predominio del gobierno en el ámbito metropolitano. Una baja que los rojos siguen lamentando; una tendencia que se mantiene y que no han podido subsanar. La pérdida de Caracas.

En aquel entonces, un núcleo de activistas del gobierno, con la anuencia de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, tomó por asalto el Palacio de Gobierno de Caracas, destrozando su inmobiliario y declarando que nadie más, salvo que sea chavista, podía asumir funciones en este lugar. El PSUV hizo aprobar una ley que vacía de funciones a este despacho, confinando a Ledezma a trabajar en unas oficinas privadas, sin mayores atributos presupuestarios ni prerrogativas administrativas.

Sobre aquel episodio, por supuesto, la Fiscalía General, amante como es de la causa chavista, no dijo ni dispuso absolutamente nada.