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¿Por qué persiste el bulo del Estatut?

Foto: Daniel Ocha de Olza | AP Photo, File

De todos los bulos que ha engendrado el procés, el del Estatut es sin duda el más resistente. A diferencia de otros —sean las famosas balanzas fiscales o la catalanidad de Cervantes— este se ha mostrado impermeable a toda refutación racional, convirtiéndose en uno de los casos más exitosos de posverdad que se han dado en la España democrática.

Sorprende también que no hayan sido precisamente los nacionalistas quienes se han aferrado a él con mayor fruición. En el manifiesto Renovar el pacto constitucional se vuelve a situar la sentencia del Estatut en el origen del procés; el embuste parece inquebrantable. Puesto que la relación de causalidad ha sido rebatida con datos en múltiples ocasiones,  no repetiré los argumentos. A estas alturas está visto que es inútil tratar de desmentir el bulo, así que solo queda intentar comprender su persistencia.

Para entender la razón de ser de los mitos conviene preguntarse por su función social. Bajo esta luz, la explicación es clara: el mito de la sentencia permite hacer corresponsables al Estado, y sobre todo al Partido Popular, de la radicalización del nacionalismo, de su deriva delictiva y de la fractura social que ha provocado. El «agravio del Estatut» está en la base de la inane teoría de «la Fábrica de Independentistas» y es un eslabón necesario del relato «sin vencedores, ni vencidos» que pretende construirse.

En todos los conflictos surgen observadores que tienden hacia el argumentum ad temperantiam, a saber, la falacia según la cual la verdad reside en el término medio entre dos posiciones opuestas. Pero la persistencia del bulo del Estatut no responde a una bienintencionada voluntad conciliadora, ni a un exceso de ingenua magnanimidad, sino al pavor que una parte de la izquierda tiene a encararse con el nacionalismo catalán. Por eso se tiende a eximirlo de responsabilidades e incluso se propone premiarlo con nuevas concesiones. Y si ha incurrido en ilícitos penales es a consecuencia de una provocación; ya saben, el Estado llevaba minifalda.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha despertado la ilusión de un votante de izquierdas que se sentía políticamente huérfano. El PSOE ha ascendido notablemente en intención de voto porque Sánchez ha traslado a la ciudadanía la intención de situar a la izquierda, de nuevo, en la senda ilustrada. Su gabinete supone un distanciamiento explícito de la izquierda populista, pseudocientífica y antieuropea. Sólo queda la duda de si romperá también con la facción filonacionalista que tanto ha debilitado al PSOE. La elección de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores es buena señal. Sin embargo, desde dentro del mismo gobierno se escuchan voces que apuntan a que la solución a la crisis catalana pasa por regresar al Estatut de 2006, es decir, por deshacer el agravio fraguado entre el PP y el Tribunal Constitucional contra «los catalanes».

En este afán de desmentir el engaño del Estatut suele escaparse otro detalle importante: si la sentencia del TC fuera, efectivamente, el origen del procés, entonces ¿qué? ¿Acaso se podría hablar de corresponsabilidad porque un recurso y una sentencia, ajustadas a derecho, indignen a una parte de la población y, en consecuencia, sus líderes opten por derribar el orden constitucional? En ningún caso sería ético dividir las culpas entre quienes actúan de acuerdo a la ley y quienes la violentan. Y tampoco se entiende exactamente cómo deberían haberse comportado las partes implicadas en el recurso. ¿Acaso están diciendo que el principal partido de la oposición, intuyendo la inconstitucionalidad de un texto, debió abstenerse de presentar recurso? ¿O que los magistrados del Tribunal Constitucional deberían haber prevaricado y dado por bueno lo que consideraban inconstitucional? No parecen estas soluciones propias de una democracia saneada.

Entiendo que a muchos les resulte complicado compartir trinchera con el Partido Popular, pero la pureza de la izquierda no se mide en base a la distancia que guarda respecto del partido conservador, sino en función de la defensa de unos principios básicos que, en esta ocasión, ha violado el nacionalismo. Y si lo que desean es sacar a relucir la responsabilidad del PP en esta crisis, hay ejemplos suficientes como para prescindir del mito del agravio inaugural del Estatut.

Con la acogida de los tripulantes del Aquarius y la retirada de las concertinas, el PSOE ha levantado esperanzas sobre la posibilidad de un cambio en la política de extranjería. La izquierda se define por su vocación de extender la ciudadanía, no por restringirla. Y como explica Félix Ovejero, existen dos tipos de xenofobia: la de quienes luchan por evitar que los extranjeros se conviertan en ciudadanos, y la de quienes luchan por convertir a sus conciudadanos en extranjeros. La izquierda debe ser implacable con ambos.

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