Una farsa a la medida de Garzón

Baltasar Garzón es una pesadilla recurrente. En lugar de quedarse escondido debajo de la alfombra, el exjuez condenado por prevaricación reaparece como La Llorona, como el fantasma de Canterville, como el Jinete sin cabeza, arrastrando sus rencores, aguzando la venganza.

Y eso a pesar de que, tras su expulsión de la carrera judicial, le ha ido muy bien como abogado: montó una fundación de derechos humanos y se ha forrado con su bufete, referente para los narcotraficantes y testaferros de la dictadura venezolana.

Pero Garzón quería más. Narciso incurable, el otrora aspirante al Premio Nobel, necesitaba reivindicarse. Ha enredado todo lo que ha podido para volver a la judicatura, sin éxito. Ha querido postularse como líder de una «nueva izquierda» con un partido de escaso recorrido. Tenía que contentarse con dar esporádicas lecciones de integridad en medios amigos, los únicos donde se le sigue llamando «juez». 

Hasta que Pedro Sánchez ha venido al rescate, facilitándole un retorno triunfal: el Gobierno acaba de nombrarlo presidente de la llamada Comisión de la Verdad, creada por la Ley de Memoria Democrática para «investigar los crímenes del franquismo». Quién mejor que Garzón, muñidor de dos de las mentiras más delirantes que la izquierda pugna por imponer en el relato de la Guerra Civil y la dictadura: el de que España «es el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya» y el de «los 300.000 bebés robados del franquismo».

El primer bulo se justificaba a partir de un informe de un grupo de trabajo de la ONU cuyo responsable reconoció que la cifra «de 114.226 desaparecidos» era una estimación sin respaldo, sacada… de un auto de Garzón. Con todo, el desatino de colocar a España por encima de la URSS, la China de Mao o la Alemania nazi tuvo cierto éxito.

«Toda una Corte de los Milagros va a dictaminar lo que ocurrió en nuestra historia reciente»

Respecto al segundo, la propia ciencia ha salido al paso. Cinco investigadores del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que depende del Ministerio de Justicia, acaban de publicar un informe que descarta «la conjetura, convertida en bulo, de los 300.000 bebés robados en España». Después de casi dos décadas, 2.100 denuncias y 527 procesos, el número de casos constatados es cero. Los jueces han ordenado 120 exhumaciones y en todas se encontraron restos fetales. Eso sí, al mismo tiempo han florecido asociaciones de víctimas, observatorios, subvenciones, viajes, oficinas de atención, libros, documentales y hasta telenovelas.

Si hubo algún robo está por demostrarse, pero la trama terrorífica de médicos perversos y monjas malvadas que traficaban con neonatos es la deformación grotesca de una realidad de adopciones de hijos de madres solteras, en general a través de instituciones religiosas, en una España pobre y opresiva, donde el embarazo fuera del matrimonio era un lastre y un estigma para las mujeres y para sus familias. Sin duda debió haber madres desasistidas y situaciones irregulares, sobre todo porque hasta 1987 las adopciones eran acuerdos entre particulares.

Estamos ante una de las fake news más asombrosas de la historia reciente, alimentada por abogados sin escrúpulos y periodistas cegados por el activismo y el sensacionalismo. Pues bien, la Ley de Memoria Democrática, y eso da la medida de su rigor, consagra como verdad histórica el «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica». Supongo que, en lugar de arios, buscarían niños falangistas. Orwell en el BOE.

La farsa, pues, continúa. Y nada mejor para ello que esa Comisión de la Verdad que debería llamarse Comisión de Amigos de Baltasar Garzón: ahí ha metido a tres conspicuas colaboradoras, entre ellas una argentina, Silvina Romano, adoratriz de Fidel Castro y Chávez; un par de historiadores militantes, una socióloga especializada en cambio climático, al padre de Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica de la Moncloa; a un sindicalista, a la viuda de Saramago o la presidenta de la asociación «Todos los niños robados son también mis niños».

«La Ley de Memoria Democrática consagra como verdad el bulo de los bebés robados»

Toda una Corte de los Milagros que va a dictaminar, con dinero público malversado, lo que pasó en la Guerra Civil y el franquismo. Porque el trabajo ímprobo de los historiadores y los 20.000 libros publicados sobre la materia no sirven para apuntalar una ley totalitaria, diseñada para imponer una lectura sesgada, coartar las libertades de expresión, docencia e investigación, reabrir trincheras y, como objetivo último, «poner en jaque el relato de una Transición ejemplar», como precisó la bildutarra Mertxe Aizpurúa. 

Garzón consolida así su reinado sobre los derechos humanos, en el que comparte trono con su señora, la exministra Dolores Delgado, hoy fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, y al que ha incorporado a su hija, presidenta de su fundación y miembro del comité ad hoc del Gobierno. Todo queda en familia.