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Una oportunidad en la crisis nacional

Foto: Santi Palacios | AP

Se desgrana entre episodios bufos -o quizá maquiavélicos- como el de los SMS la esperpéntica tragicomedia catalana, que no nos ha invitado precisamente a la calma, la reflexión y el raciocinio. Pues bien, quizá se acerque ya el momento de sacar algunas conclusiones, saliéndonos con esfuerzo del torbellino de estos meses. No esas conclusiones que van ofreciéndonos algunos socialistas anclados en el zapaterismo crepuscular, que sigue propugnando como única salida una reforma constitucional, cediendo todavía más privilegios a los separatistas y convirtiéndolos en vencedores finales de este pulso a toda España. Pero sí que son imprescindibles algunos cambios en profundidad.

La brutalidad de este intento de golpe de Estado, sostenido por la renuencia del propio Estado a actuar, nos ha convencido a muchos de que a muchos dirigentes golpistas no les importaría fracasar en su proceso de creación de una república catalana si a cambio dejasen dinamitada, condenada a la ruptura, la propia España. La destrucción de España es su obsesión. Lo que urge ahora es recomponer el país y asegurar una unidad que desean y defienden los ciudadanos. Y para ello hay que salvar la democracia.

No son tiempos fáciles para la democracia en el mundo. Los burócratas, la apatía, la corrupción y los ‘lobbies’ han desprestigiado la política democrática en muchos lugares, España incluida. Ahora que los ciudadanos españoles han visto de muy cerca el precipicio habría que hacer de necesidad virtud y aprovechar estas horas de intensa zozobra nacional como una oportunidad para devolver la credibilidad a la política.

Para mí, las prioridades en cuanto a las reformas que devuelvan la fe a los ciudadanos deberían centrarse en dos terrenos. Uno, las medidas legales de alto rango capaces de erradicar de manera efectiva el cáncer de la corrupción. El otro, el de la inicua ley electoral que padecemos, causa de tantos de los gravísimos problemas nacionales.

Hay que ir a un sistema de representación justa, a ser posible de representación directa de una persona por cada distrito electoral que se establezca, que refleje con la mayor precisión posible el olvidado principio democrático de ‘un hombre (o una mujer), un voto’. Habría verdaderos representantes directos de la ciudadanía, sin ventajas tremendas para unos votantes sobre otros.

El actual sistema, que llega a equivaler a algo así como ‘un hombre (o mujer), cuatro votos’, ha proporcionado ventajas totalmente antidemocráticas a los partidos nacionalistas y también, a través de los favores inherentes al método D’Hondt, a las dos grandes formaciones nacionales a lo largo de los 40 años de parlamentarismo constitucional, el PP y el PSOE, tan cómodos ellos en el bipartidismo. Son demasiados intereses creados los que se defienden en nuestra partidocracia -o partitocracia, que la Academia aún no ha dirimido la cuestión- como para que hasta hace poco alguien creyese con mucha fe que se podría reformar esa ley electoral.

Lo que sucede es que el bipartidismo está muerto, o al menos se ha tomado unas largas vacaciones, y ni el PP ni el PSOE van a poder gobernar en solitario en el próximo futuro. Desaparecido el momio al que tanto se aferraban estos partidos de funcionarios, quizá estemos paradójicamente ante una oportunidad para que se sientan por fin patriotas y generosos, para que comprendan que el peligro no está en el electorado sino en los nacionalismos identitarios que avanzan en muchos lugares -no sólo en Cataluña-, y que un sistema electoral más justo puede servir para colocarlos en su justo lugar. Es decir: en la minoría.

Aunque sea por puro instinto de supervivencia, quizá PP y PSOE acepten por fin esta lucha contra la corrupción y por la recuperación de la confianza ciudadana. ¿Será demasiado pedir?

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