Las empresas españolas no han recibido aún ni un euro de los fondos europeos asignados para 2021

Las grandes empresas españolas comienzan a estar intranquilas por la lentitud con la que se están gestionando los fondos europeos Next Generation asignados para España en este año 2021. De hecho, las informaciones contrastadas por THE OBJECTIVE con una decena de ellas apuntan en una misma dirección: no se ha recibido ni un euro de los primeros 9.000 millones transferidos a España en agosto de este año.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han declinado hablar sobre el tema con este periódico, a explicar el porqué de estos retrasos y de cuáles son las etapas que quedan por cumplir para recibir efectivamente estos recursos ya transferidos por España hace tres meses.

Una situación que ha generado profunda incertidumbre en el mundo privado, ya que muchos de sus proyectos que dependían en gran parte de fondos europeos se están teniendo que retrasar. Nadie duda de que el dinero terminará llegando, pero advierten que el retraso puede poner en peligro muchos planes que deberían haberse activado este año.

Muchas consultoras o grandes compañías que han querido actuar como ‘ventanilla única’, han tenido que frenar las expectativas de centenares de pequeñas empresas que ven como sus solicitudes están estancadas porque no se están activando todavía todas las convocatorias esperadas para optar a estos fondos. Y las pocas que se han abierto, no están resueltas aún.

El estar casi a mediados de noviembre hace temer que en 2021 ya no se reciba dinero de fondos europeos, dado que nada parece indicar que la burocracia estatal se active durante el mes de diciembre, inhábil para muchas Administraciones, tanto centrales como autonómicas.

9.000 millones en agosto

Hace casi un año, el Ejecutivo incluyó un adelanto de 26.634 millones en los Presupuestos Generales de 2021. De ellos, más de 24.198 provienen de los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 2.436 del fondo Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa React-EU.

En ese momento, el Gobierno explicó que se trataba de un montante que iría asignado a deuda pública mientras no se recibiese el dinero, precisamente para poder agilizar la entrega de los fondos a las empresas, los verdaderos receptores de los Next Generation.

Posteriormente, el 13 de julio el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobó definitivamente el Plan de Recuperación español, que recibió la máxima calificación por parte de las autoridades europeas.  Es más, España fue uno de los primeros en entregar el Plan y en ser aprobado.

En este contexto, el 17 de agosto se recibió formalmente el primer desembolso equivalente a 9.000 millones de euros. En El Ejecutivo se volvió a recordar entonces que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluyeron partidas para la puesta en marcha del Plan, lo que permitió «que se hayan podido ejecutar parte de los recursos antes de recibir los primeros desembolsos por parte de la Comisión Europea».

El Ejecutivo recordó además que por esas fechas ya se había asignado y acordado la distribución de más de 7.250 millones a las Comunidades Autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales, «para la realización de inversiones en materias como la transición ecológica, la vivienda, la educación o la sanidad».

Problemas con la burocracia

Finalmente, también durante el verano, España anunció que la Comisión Europea tenía previsto realizar un nuevo desembolso a España este mismo año 2021 que ascendería a 10.000 millones de euros «por los hitos y objetivos alcanzados por nuestro país hasta la aprobación del Plan».

Sin embargo, todas las fuentes consultadas indican que hasta el momento las grandes empresas y las pymes no han recibido ni un solo euro de fondos europeos, ni de los 26.000 millones comprometidos en los Presupuestos, ni de los 9.000 entregados a España en agosto.

Consultoras con las que ha hablado este diario confirman esta versión y agregan que es probable que algunos fondos se hayan asignado, pero que solo a entidades públicas de las administraciones. «La empresa privada no ha recibido nada», confirman.

¿Qué ha pasado? Estas mismas fuentes indican que el gran responsable de estos retrasos está siendo la burocracia. Primero, la burocracia de la Unión Europea, que es célebre por ralentizar todo los procesos; y en segundo lugar, la burocracia española. Pero no hablamos de lentitud de la Administración sino que simplemente falta de recursos técnicos y humanos para poner en marcha todo este proceso, nunca visto en nuestro país.

Durante estos últimos doce meses se ha intentado construir un aparato público paralelo para la gestión de estos recursos, pero todavía no está claro con cuánto personal contarán ministerios que tendrán que supervisar las entregas como es el caso particular de Hacienda.

Manifiestos de Interés

Del mismo modo, se han distribuido los ingresos por ministerios, programas y componentes, dentro de los cuales se han lanzado sucesivos Manifiestos de Interés (MDI). No obstante, solo se han recibido solicitudes para distribuir el dinero en proyectos, pero no se han realizado la mayoría de las convocatorias formales, el paso final para poder optar a recibir estos fondos europeos.

Muchas empresas de gran tamaño contaban con estos recursos para comenzar a realizar grandes proyectos de transición ecológica o digitalización y para ello habían destinado partidas propias que se tenían que complementar con el dinero de Bruselas. Dependiendo del proyecto, cada empresa deberá invertir entre tres y cinco euros por cada euro de Next Generation lo que obliga a  comprometer inversiones y todavía sin tener la certeza de que este dinero europeo llegará finalmente.

Otro problema añadido que citan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE es que si no se reparten esos 9.000 millones se podría frenar la entrega de los siguientes 10.000 millones de euros a los que se refería Moncloa en su comparecencia de agosto.

Sin embargo, en este punto hay discrepancias. Extraoficialmente, desde el Ejecutivo se indica que la entrega de nuevos recursos está sujeta a la asignación de estos fondos y no la entrega efectiva del dinero. Y se apela a la entrega de los 7.250 millones a las autonomías para justificar estas asignaciones.

Con todo, Bruselas está en estos momentos en el paso previo al examen al que debe someter a España para poder liberar estos nuevos fondos. Uno de los requisitos es ver cómo se han repartido los anteriores 9.000 millones, pero poco se podría hacer si los privados no han recibido ni un solo euro.

PGE de 2022

En cualquier caso, el retraso en la entrega de los fondos no es un problema solo de España, sino que afecta a todo el continente. Por el contrario, nuestro país es uno de los que va más avanzado pese a sus propios retrasos. El Gobierno insiste en que el calendario de desembolsos semestrales de la Comisión Europea permitirá que España reciba entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas.

En total, la Unión Europea ha aprobado 750.000 millones de euros para reactivar la economía durante el periodo 2021-2027, de los cuales a España le corresponderían 140.000, 72.700 en forma de subsidios y transferencias a fondo perdido y el resto como préstamos.

En este sentido y considerando los retrasos de 2021, el próximo 2022 sería clave para cumplir con los objetivos de entrega de dinero. Los Presupuestos Generales (PGE) de 2022 incorporaran la segunda anualidad de los fondos europeos del Plan de Recuperación por un importe de 27.633 millones de euros.

Entre las medidas que incluye el Plan de Recuperación figuran digitalizar más de un millón de pymes, apoyar a más de 3.000 empresas para la internacionalización, formar a más de 2,6 millones de personas en competencias digitales y desplegar planes para promover el talento femenino e instalar más de 240.000 aulas digitales interactivas.

También se persigue modernizar el sector turístico con la promoción de 165 destinos sostenibles y la modernización de 3.400 establecimientos para que reduzcan su consumo energético, rehabilitar de más de un millón de viviendas y promover su sostenibilidad, alcanzar una flota de, al menos, 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y más de 100.000 puntos de recarga.

El objetivo es también modernizar la justicia para que al menos el 30% de los procedimientos judiciales se realicen electrónicamente, modernizar los sistemas de regadío para garantizar un uso eficiente del agua con acciones en más de 100.000 hectáreas, extender la banda ancha ultra rápida al 100% de la población, construir más de 335 kilómetros de ferrocarril en los corredores Atlántico y Mediterráneo.