Críticas del sector eléctrico a la elección de una senadora del PP en la investigación del apagón

Malestar en el sector energético y entre algunos miembros del Partido Popular (PP) por la elección de la senadora Teresa Mallada como vicepresidenta de la mesa que investigará el apagón. El incidente del pasado 28 de abril, que dejó sin luz durante diez horas a la península ibérica, es un asunto «muy sensible» y que compromete la actuación del Gobierno. Sin embargo, inquieta el papel de responsabilidad que tendrá una senadora que ha estado salpicada varias veces por casos de presunta corrupción.

La función de la mesa en esta comisión de investigación es crucial porque decide convocar las sesiones, establecer el orden del día, conceder o retirar la palabra, suspender la sesión por razones justificadas, además de organizar las comparecencias de las personas propuestas por los grupos parlamentarios, fijar las fechas, entre otras cuestiones. Por otro lado, Mallada, al ser la vicepresidenta primera, sustituiría al presidente cuando este no estuviera.

Mallada, que dimitió en noviembre de 2022 como presidenta del PP de Asturias, tras comunicarle el presidente Alberto Núñez Feijóo que no sería la candidata del partido a las elecciones autonómicas del año siguiente, ha encontrado acomodo en el Senado. Fuentes conocedoras apuntan al perfil «polémico» de esta política, que fue imputada en febrero de 2020 por prevaricación urbanística por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por el caso Hulla sobre fondos mineros. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el TSJA acordó el sobreseimiento de la causa.

Durante su paso como presidenta de la pública Hunosa (en los años 2012 y 2018) se denunciaron gastos pagados con fondos públicos. Se le acusó de malversación y prevaricación administrativa, pero finalmente la Fiscalía archivó el caso. Por otro lado, en febrero de 2021, la Fiscalía abrió diligencias contra Mallada por un presunto delito de cohecho. No obstante, a finales de ese año, la Fiscalía lo archivó considerando que no había pruebas suficientes para impulsar una acción penal. Por último, se vio salpicada indirectamente en la operación Pokémon al aparecer hablando con uno de los imputados sobre contratos en una conversación intervenida.

Hace unos días -el pasado 12 de junio- PP y PSOE constituyeron la comisión de investigación sobre la gestión del apagón y pactaron repartirse los puestos de la mesa. Esta estará presidida por el popular Francisco Javier Márquez, que contará con dos vicepresidencias: la antes mencionada María Teresa Mallada (PP) y, como segunda, Abigail Garrido (PSOE). Por último, habrá dos secretarios: María Patricio (PP) y Miguel Gracia (PSOE). Ahora se debe estudiar el número y las personas que acudirán a la comisión de investigación, que se espera que tenga lugar después de verano.

Informe del Gobierno

El Gobierno concluyó el pasado martes tras su informe que la culpa del incidente la tuvieron tanto el gestor del sistema Red Eléctrica (que no supo programar el número suficiente de energía que da estabilidad a la red) como las energéticas (cuyas centrales no pudieron absorber esa inestabilidad pese a tener sus instalaciones remuneradas).

La ministra Aagesen añadió que el informe «pretende un análisis, pero ningún examen judicial». Además, reconoció una mala planificación de Red Eléctrica, pero lanzó un dardo contra las eléctricas: «Las conclusiones son multifactoriales y los operadores no estuvieron regulando la tensión conforme a norma».

Según el Gobierno, el estudio contó con más de cien oficios, 700 solicitudes de información, 16 reuniones de trabajo (11 de ellas con los operadores) y unos 170 gigabytes de información. El ejecutivo divide su estudio en cinco fases: la cero (inestabilidades de tensiones), la fase uno (oscilaciones en el sistema), la fase dos (pérdidas de generación), la fase tres (colapso peninsular) y fase cuatro (reposición del sistema).