Maduro aumenta la persecución política en vísperas de la "Toma de Caracas"

Con una fuerte presencia militar en las calles y una ola de detenciones, acusaciones y amenazas, el gobierno venezolano hace frente a la movilización nacional llamada la “Toma de Caracas”, que ha sido convocada por la oposición para el jueves con el fin de exigir la realización este año del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El mandatario ha acusado al partido Voluntad Popular, liderado por el dirigente encarcelado Leopoldo López, de planear un golpe de Estado que supuestamente se desarrollará en el marco de la marcha. Por su parte, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ha afirmado que el gobierno lo que busca es «desmovilizar a la dirigencia democrática y amedrentar al pueblo».

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron el martes al político opositor Carlos Melo, del partido Avanzada Progresista, quien un día antes había advertido vía Twitter que esto sucedería «y que sembrarían armas». Este arresto se suma al del dirigente Yon Goicoechea, de Voluntad Popular, acusado de transportar detonantes para explosivos, así como a la orden de captura del alcalde de Maturín, Warner Jiménez. Además, el exalcalde Daniel Ceballos, quien permanecía en arresto domiciliario debido a problemas de salud, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad bajo sospecha de que quería escapar.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha rechazado la «persecución» política emprendida por el gobierno venezolano. A horas de la “Toma de Caracas”, al país sudamericano han llegado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el exmandatario panameño Martín Torrijos, quienes impulsan, junto al exgobernante dominicano Leonel Fernández, un diálogo político propuesto por el presidente Maduro y que cuenta con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas.