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El Supremo exige que el Parlamento británico decida sobre el calendario del Brexit

«La Corte Suprema dicta que el gobierno no puede activar el Artículo 50 sin una ley del Parlamento autorizándolo», han manifestado los jueces de la máxima instancia judicial del país. Una decisión que excluye que los parlamentos de Escocia, Gales y el Úlster puedan vetar, como pretendían, la ruptura con Bruselas. Los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales saludaron el dictamen como «una victoria para la democracia y el Estado de derecho», dijo David Green, unos de los abogados. En cambio, el gobierno expresó su «decepción» por el dictamen, que resuelve desfavorablemente el recurso, dijo el fiscal general, Jeremy Wright. «El gobierno cumplirá con la sentencia de la Corte y hará lo necesario para aplicarla», aseguró Wright. Sin embargo, un portavoz de la primera ministra ha declarado que el ejecutivo mantiene su intención de iniciar en marzo, como muy tarde, las negociaciones de salida de la Unión Europea pese a la sentencia judicial. «Los británicos votaron a favor de abandonar la UE, y el gobierno ejecutará este veredicto, activando el Artículo 50 como estaba planeado, a finales de marzo. La sentencia de hoy no cambia esto», dijo un portavoz. May prometió activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del Brexit. Ahora, el gobierno tendrá que presentar al Parlamento una ley para regular los siguientes pasos a dar durante el proceso. No se espera que el Parlamento -donde hay mayoría de proeuropeos- impida la activación del artículo 50 porque sería visto como un varapalo a la voluntad popular expresada en el referéndum del 23 de junio, pero los problemas podrían surgir más adelante, cuando exija tener voz y voto sobre los términos de la separación, todo ello en medio de una sociedad británica dividida entre romper del todo con la UE para controlar la inmigración o seguir en el mercado único. En este punto, la primera ministra adelantó la semana pasada que el Brexit incluirá también la salida del Mercado Único.

El Supremo exige que el Parlamento británico decida sobre el calendario del Brexit

HANDOUT

El Tribunal Supremo ha rechazado este martes la apelación del gobierno de Theresa May y ha establecido que el Parlamento británico tiene que dar luz verde al inicio las negociaciones para el Brexit, la salida del país como socio de la Unión Europea. La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar y, tras asegurar que acatará la decisión del alto tribunal, ha asegurado que se mantiene el calendario previsto para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa con el que se inicia el proceso de desconexión.

«La Corte Suprema dicta que el gobierno no puede activar el Artículo 50 sin una ley del Parlamento autorizándolo», han manifestado los jueces de la máxima instancia judicial del país. Una decisión que excluye que los parlamentos de Escocia, Gales y el Úlster puedan vetar, como pretendían, la ruptura con Bruselas.

Los demandantes que habían llevado el caso a los tribunales saludaron el dictamen como «una victoria para la democracia y el Estado de derecho», dijo David Green, unos de los abogados. En cambio, el gobierno expresó su «decepción» por el dictamen, que resuelve desfavorablemente el recurso, dijo el fiscal general, Jeremy Wright. «El gobierno cumplirá con la sentencia de la Corte y hará lo necesario para aplicarla», aseguró Wright.

Sin embargo, un portavoz de la primera ministra ha declarado que el ejecutivo mantiene su intención de iniciar en marzo, como muy tarde, las negociaciones de salida de la Unión Europea pese a la sentencia judicial. «Los británicos votaron a favor de abandonar la UE, y el gobierno ejecutará este veredicto, activando el Artículo 50 como estaba planeado, a finales de marzo. La sentencia de hoy no cambia esto», dijo un portavoz. May prometió activar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa en marzo como muy tarde, dando pie a dos años de negociaciones para acordar los términos del Brexit. Ahora, el gobierno tendrá que presentar al Parlamento una ley para regular los siguientes pasos a dar durante el proceso.

No se espera que el Parlamento -donde hay mayoría de proeuropeos- impida la activación del artículo 50 porque sería visto como un varapalo a la voluntad popular expresada en el referéndum del 23 de junio, pero los problemas podrían surgir más adelante, cuando exija tener voz y voto sobre los términos de la separación, todo ello en medio de una sociedad británica dividida entre romper del todo con la UE para controlar la inmigración o seguir en el mercado único. En este punto, la primera ministra adelantó la semana pasada que el Brexit incluirá también la salida del Mercado Único.

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