La Guardia Civil ha detenido este viernes a 59 personas por tráfico de especies en el marco de la ‘operación Thunderbird’, coordinada por Interpol en la que han participado 42 países de todo el mundo. Los investigadores han detectado hasta 48 delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, según ha informado el instituto armado.
Sólo en España se han llevado a cabo «5.897 inspecciones realizadas en envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de internet, contenedores de mercancías, establecimientos de venta de animales, anticuarios, cotos de caza, espacios naturales, etc», informa la Guardia Civil en su página web.
Entre las aprehensiones realizadas destacan felinos, 35 primates, 48 aves rapaces, más de 200 aves exóticas, reptiles. También hay especies marinas como tiburones, atunes rojos, caballitos de mar y alevines de anguila. Además, en la operación, los agentes se han encontrado con 421 tallas de marfil de elefantes y morsas, un león y dos cocodrilos naturalizados, mandíbulas y dientes de tiburón y corales.
Un negocio muy lucrativo
El delito contra el medio ambiente es uno de los que más ha crecido en los últimos años desde el punto de vista internacional dado el «amplio beneficio económico» que obtienen las redes que trafican con este tipo de especies exóticas o en riesgo de extinción, situándose en «el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas», según datos de Interpol y Naciones Unidas. «Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual».
En este sentido, España es país de tránsito o destino del tráfico ilegal de especies de fauna y flora procedente de África y el centro y sur de América. Por su situación geográfica, explica la Guardia Civil, España sirve también como lugar de paso hacia el resto de Europa y el continente asiático utilizado por las redes criminales.
Los detenidos e investigados en la operación dada a conocer este viernes se enfrentan a penas de prisión de seis meses a 5 años y a multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie, añade la Guardia Civil.
