La Justicia de Brasil dice que hay "pruebas robustas" para anular el mandato de Temer

El instructor del juicio sobre supuesta corrupción en la campaña electoral de 2014 en Brasil ha afirmado este jueves que existen «pruebas robustas» para anular el triunfo de Dilma Rousseff y Michel Temer, lo que supondría, de hecho, destituir al actual gobernante.

El magistrado Herman Benjamin ha comenzado a presentar su voto durante la tercera sesión del juicio que intenta determinar si esa campaña electoral se ha valido de «abusos económicos y políticos«, lo que en su opinión, aún cuando no ha concluido su exposición, se «comprueba» en documentos y testimonios recopilados sobre el caso.

Muchos de esos documentos se apoyan en testimonios dados por exdirectivos del grupo Odebrecht, que han confesado que financiaron ilegalmente a Rousseff y Temer, pero cuatro de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral han anunciado que no tendrán en cuenta esa declaración, pues consideran que carece de valor probatorio.

El instructor, sin embargo, ha insistido en que el papel de ese grupo ha sido «fundamental» en la cadena de irregularidades que dice haber detectado en la campaña de Rousseff y Temer y que tenía relación con la trama corrupta en Petrobras, mencionada en la acusación que ha dado base al proceso.

«El grupo Odebrecht era la matriarca de la manada de elefantes que transformó a Petrobras en una sabana africana», ha indicado en forma figurada el juez Benjamin, quien ha insistido en que si la acusación se refiere a la petrolera, «habla necesariamente» de la constructora.

Según Benjamin, las pruebas y los testimonios establecen «que, sin dudas, eso desequilibró la balanza del libre juego electoral» y favoreció «notablemente» y de forma «ilegal» a la fórmula integrada por Rousseff y Temer, quien ha asumido el poder el año pasado, tras la destitución de la entonces presidenta.

Si hubiera una sentencia condenatoria en este caso, Temer podría permanecer en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.

En caso de que todas las apelaciones sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.

Si así fuera, sería la primera vez en la historia brasileña que dos mandatarios habrían sido desalojados del poder durante un mismo período.