Condena unánime internacional por el asalto al Parlamento de Venezuela

El secuestro de 350 diputados de más de siete horas este miércoles en el Parlamento de Venezuela por parte de grupos armados chavistas ha recibido la condena unánime de la comunidad internacional. Los asaltantes se adentraron en la sede, robaron y agredieron a los diputados y dispararon cohetes dentro del edificio, donde quedaron restos de sangre en paredes y suelo tras el paso de los oficialistas.

En un comunicado hecho público este jueves, el Gobierno español ha manifestado su rechazo y ha destacado «la necesidad de una solución democrática, negociada y pacífica», al tiempo que invita al régimen de Nicolás Maduro a convocar unas elecciones «por sufragio universal, libre, directo y secreto para que el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad de manera verdaderamente democrática».

#Venezuela: ante el creciente clima de violencia, reiteramos necesidad de solución democrática, negociada y pacífica https://t.co/hv0N9YbVOh

— Exteriores (@MAECgob) 6 de julio de 2017

Desde el PSOE, su vocal Héctor Gómez ha expresado la «enorme preocupación» por la situación venezolana, denunciando que «todas las acciones» de su presidente responden a «una irresponsabilidad tras otra». Una posición que coincide con la del secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), el español Antonio López-Istúriz, que ha reclamado a los 28 países de la Unión Europea que aprueben sanciones contra el Gobierno de Maduro.

Otras naciones también han hecho pública su condena por el asalto. Estados Unidos ha declarado que «esta violencia, perpetrada durante la celebración del día de la independencia de Venezuela, es un ataque a los principios democráticos caros a los hombres y mujeres que lucharon por la independencia hace 206 años», a través de un comunicado emitido por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Además, la diplomática ha llamado a Nicolás Maduro a proteger el Parlamento, a asegurarse de que los heridos reciban tratamiento médico y a «llevar a los asaltantes ante la justicia», informa AFP.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), también han expresado su «más categórico rechazo» a una agresión cometida por partidarios del gobierno y han denunciado el «avasallamiento» del poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Por su parte, Chile ha reiterado «la necesidad urgente de un diálogo creíble, directo y productivo entre el gobierno y la oposición», según agencias internacionales.

También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha compartido un comunicado en el que culpa a Maduro de utilizar el «terror» sobre los ciudadanos, acusándole de «instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad», según Efe.

El oficialismo se defiende

El diputado oficialista venezolano Diosdado Cabello ha responsabilizado a la oposición del ataque que ha sufrido la Asamblea Nacional. «Ahí lo que hubo fue un pueblo que tuvo que defenderse de la violencia de la derecha. Los opositores iniciaron la violencia, y creen que van a venir al centro de Caracas a echarle vaina al pueblo», ha dicho Cabello, considerado el número dos del chavismo, durante su programa semanal de televisión, tal y como recoge Efe.

El legislador también ha calificado como «hipócritas» a los gobiernos del mundo y al Mercosur por sus críticas al Ejecutivo ante los hechos en la Cámara. La reacción de Maduro no se ha hecho esperar, pidiendo que se abran investigaciones para conocer los detalles del ataque.

En este sentido, el Tribunal Supremo venezolano ha anticipado que castigará «severamente» a los responsables de la «barbarie» en el Parlamento y ha instado a los líderes políticos a «dar la cara ante el país» y a apartarse de la violencia «como arma política». «El futuro del país no estará en manos de los violentos y es nuestra responsabilidad oponernos a la sistemática idea de imponer la agresión y la vulneración de derechos fundamentales como arma de protesta», han añadido.

El Poder Judicial también ha insistido en «la necesidad del diálogo y de construir los canales regulares de acercamiento para detener la violencia» que ha dejado 90 muertos en los últimos tres meses en medio de protestas.