Agentes de inteligencia han allanado este miércoles la casa de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo, un diputado disidente del chavismo acusado de extorsión, señaló la exfuncionaria.
«En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo», escribió Ortega en Twitter.
La exfiscal, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en la residencia, en el norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su «lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos».
La Fiscalía pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción. «Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia», dijo este miércoles el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer «esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad» como diputado, añadió.
Cuatro motocicletas y siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) permanecían en la tarde del miércoles frente al domicilio de Ortega, observó un equipo de la AFP.
Chavismo denuncia trama de corrupción
Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirarle el fuero parlamentario a Ferrer.
La exfiscal no es mencionada en la denuncia, pero «es muy difícil que no sepa nada» sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó Cabello, constituyente y líder oficialista, quien presentó la querella.
Cabello acudió este miércoles al despacho de Saab para entregar las «pruebas» a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene tomando medidas de inmediata aplicación.
En su primera decisión el pasado 5 de agosto, la Constituyente destituyó a Ortega, una chavista que rompió con Maduro a inicios de abril tras denunciar un quiebre del orden constitucional.
La fiscal escaló en los últimos meses sus denuncias contra el gobierno, acusando a Maduro de tener «ambiciones dictatoriales», y con procesos contra varios funcionarios por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
Ferrer, por su parte, se separó del oficialismo y conformó una pequeña bancada en el Parlamento, de mayoría opositora.
Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la Fiscalía integraban una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos de corrupción.
Les pedían hasta 600.000 dólares para que no fueran procesados, dijo Cabello, quien aseguró que la denuncia «no tiene nada que ver» con la postura política de la exfiscal y su marido.
El dirigente pidió la orden de arresto contra el congresista, así como prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas y bienes.
Cabello acusó a Ferrer de haber abierto en abril de 2016, junto con el fiscal Pedro Lupera, una cuenta bancaria por un millón de dólares en Bahamas, producto supuestamente del ilícito.
Saab mostró a la prensa documentos bancarios, según él originales y firmados por el legislador, que demostrarían la titularidad de la cuenta. El fiscal pidió la captura de Lupera, de otro fiscal y una mujer que se presume estaba adscrita al despacho de Ortega.
