Libertad condicional para ocho activistas acusados de "terrorismo" en Turquía

Un tribunal de Estambul ha ordenado la puesta en libertad condicional de ocho activistas pro derechos humanos, entre ellos Idil Eser, directora de Amnistía Internacional (AI) en Turquía, un alemán y un sueco, en un caso que suscitó preocupación en la comunidad internacional. El tribunal ha pedido, sin embargo, mantener en la cárcel a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, informa la agencia AFP.

Once personas han sido acusadas de actividades «terroristas». La mayoría de los activistas juzgados fueron detenidos en julio, durante un taller de formación que se celebraba en la isla de Büyükada, frente a Estambul. Kiliç es juzgado por «pertenencia a una organización terrorista armada» y los demás por «ayuda a una organización terrorista armada».

Según el acta de acusación, habrían ayudado al menos a tres «organizaciones terroristas»: el movimiento del predicador Gülen, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y un grupúsculo de extrema izquierda, el DHKP-C. Si son declarados culpables, se enfrentarán a condenas de hasta 15 años de cárcel.

Se espera que los ocho militantes sean liberados esta noche. «Hoy al fin celebramos el hecho de que nuestros amigos y colegas puedan reunirse con sus familias y dormir en su propias camas», ha declarado en un comunicado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty. A su vez, ha lamentado que Kiliç siga en prisión.

El presidente de AI en Turquía comparecerá en el tribunal en Esmirna, en el oeste del país, para responder a otra acusación por su presunta pertenencia a la organización acusada de fomentar el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, que causó la muerte a cerca de 300 personas.

Amnistía considera «absurdas» e «infundadas» las acusaciones contra los activistas y cree que el juicio pretende intimidar a los militantes pro derechos humanos en Turquía, en un contexto de erosión de las libertades desde el intento de golpe de Estado. Tras ese golpe fallido, las autoridades turcas lanzaron purgas masivas contra los presuntos partidarios del predicador Fetulá Gülen, considerado por Ankara como su instigador, pero también contra opositores y críticos del presidente Recep Tayyip Erdogan.

La detención de los activistas ha incrementado los temores sobre los ataques a las libertades en Turquía desde el fallido golpe de Estado: más de 50.000 personas fueron detenidas, entre ellas periodistas críticos y miembros de la sociedad civil. A Kiliç se le acusa de haber utilizado la aplicación de mensajería encriptada ByLock, el medio de comunicación que emplearon los golpistas, según Ankara. Amnistía reniega de esta acusación al afirmar que dos peritajes independientes de su teléfono no dieron con rastro alguno de esa aplicación.