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Comienza el juicio contra los once activistas de derechos humanos detenidos en Estambul

El juicio contra los ‘once de Estambul’, un grupo de defensores de derechos humanos turcos, ha comenzado este miércoles en medio de una gran expectación. Entre los acusados se encuentran la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, Idil Eser y Taner Kiliç, detenidos en el mes de julio.

Comienza el juicio contra los once activistas de derechos humanos detenidos en Estambul

El juicio contra los ‘once de Estambul’, un grupo de defensores de derechos humanos turcos, ha comenzado este miércoles en medio de una gran expectación. Entre los acusados se encuentran la directora y el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, Idil Eser y Taner Kiliç, detenidos en el mes de julio.

“Nosotros esperamos que todos los defensores de los derechos humanos serán puestos en libertad hoy”, ha dicho a EFE el representante de Amnistía Internacional en Turquía, Andrew Gardner, antes del comienzo de la sesión en el Palacio de Justicia de Estambul. “Las acusaciones son absurdas, en el escrito de acusación no hay prueba alguna”, ha añadido.

Diez de los acusados fueron detenidos el pasado 5 de julio en la isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde participaron en un taller sobre seguridad informática y derechos humanos. Salvo dos de ellos, todos se encuentran en prisión preventiva desde entonces. “Esperamos que después de tres meses en prisión preventiva al menos se les ponga en libertad provisional para que puedan volver con sus familias”, ha dicho Gardner.

El presidente de Amnistía Internacional en Turquía fue detenido en junio, acusado de formar parte de la red de simpatizantes del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del golpe de Estado fallido del 15 de julio de 2016.

Los demás activistas están acusados de mantener vínculos tanto con la cofradía de Gülen como con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y con el DHKP-C, un grupo armado turco ultramarxista.

La acusación destaca que en el taller los acusados hablaron de “cómo almacenar información en un teléfono móvil de forma segura si lo confisca la policía o cómo impedir que la policía u otras personas accedan a esa información y cómo encriptarla”. Además, la Fiscalía concluye que los acusados tenían intención de cometer actividades ilegales y que querían “transformar la situación política actual suscitando nuevas revueltas”.

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