Lamela acepta que el Supremo acumule todas las causas contra los independentistas catalanes

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido un informe al Tribunal Supremo, solicitado por el magistrado Pablo Llarena, en el que explica que considera que las causas sobre el proceso independentista en Cataluña debería “realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento”.

La magistrada considera que todas las personas querelladas, tanto los exconsellers como los miembros de la Mesa del Parlament, “forman parte de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña”. Además, entiende que los querellados llevan a cabo desde 2015 una “premeditada estrategia” coordinada “con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, motivo por el que la investigación debería ser conjunta.

Lamela señala en su informe que investigar a todos los querellados juntos y no por separado permitirá “valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

La juez describe en su informe el papel de los parlamentarios y los miembros del Govern, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural y de los Mossos d’Esquadra en el proceso independentista.

Los miembros del Govern debían ejecutar distintos acuerdos en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, los parlamentarios debían aprobar las leyes para fundamentar “y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del ‘proceso de desconexión’”, y la de los Jordi Cuixart y Jordi Sánchez era la de “movilizar a las masas”, explica el informe. Por último, considera que los Mossos d’Esquadra fueron utilizados de manera ilegal al servicio de los intereses independentistas, y que además asegura que hubo actos de espionaje a los miembros de la Guardia Civil y la Policía por parte de este cuerpo policial.

Respecto a la financiación del proceso de independencia en Cataluña, Lamela explica en el informe que “todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron al menos parcialmente financiadas con fondos públicos”.

Afirma además que el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de la partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines”.