Bachelet anuncia un plan de búsqueda de desaparecidos en la dictadura de Pinochet

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado este viernes la creación de un plan nacional de búsqueda y destino final de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y de una comisión para el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo ese régimen.

Bachelet ha presentado el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 a tres meses de dejar el poder. Ha anunciado 500 medidas destinadas al respeto, protección y promoción de estos derechos. Entre ellas, se cuenta un Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos y un Registro Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos, y unos 38.000 torturados.

De las 1.132 personas detenidas y desaparecidas durante los 17 años del régimen, solo 148 han sido encontradas e identificadas, según datos del centro de memoria Londres 38. Este espacio, ubicado en el centro de Santiago, fue un lugar de represión, tortura y exterminio de la dictadura militar. En la actualidad, se ha establecido como un sitio abierto a la comunidad y a las organizaciones sociales.

Unos 1.300 exagentes del Estado han sido procesados por crímenes de lesa humanidad, de los que cuales 117 están cumpliendo condena, en cárceles especiales y con beneficios. Organizaciones de defensa de las víctimas han denunciado que el Ejército de Chile, conducido por Pinochet hasta 1998, se niega a entregar la información sobre el destino de los desaparecidos tras sucesivos «pactos de silencio».

A mediados de noviembre, el Ejército confirmó que no aplicó sanciones a los responsables de la destrucción de archivos de las policías políticas entre los años 1980 y 1982 que se encontraban bajo su custodia. Según el diario estadounidense The New York Times, los documentos fueron incinerados en unos hornos en las afueras de Santiago, en el año 2000, una década después del regreso a la democracia.

Bachelet ha anunciado, además, la creación de una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Asimismo, ha pedido al Ministerio de Defensa «estudiar las alternativas para dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad».

La presidenta no se ha pronunciado sobre el cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen condena la mayoría de los presos por violaciones de derechos humanos. Las organizaciones de familias de las víctimas piden el cierre de estos centros en los que gozan de beneficios especiales, informa AFP.