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El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Parlament contra el 155

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Parlament contra las medidas puestas en marcha por el Gobierno al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Parlament contra el 155

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Parlament contra las medidas puestas en marcha por el Gobierno al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El alto tribunal ha acordado trasladar la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación del recurso debido a que, precisamente por la aplicación del artículo recurrido, no puede presentar sus alegaciones dado que el Gobierno central ocupa en la actualidad su lugar.

Por tanto, el tribunal ha dejado en suspenso el plazo para personarse durante el tiempo en que el Consejo de Ministros ejerza las funciones y competencias que corresponden a la Generalitat, “con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

La admisión a trámite no implica un anticipo del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, ha explicado el Tribunal Constitucional, que tomará una decisión cuando concluya el proceso.

El Constitucional ya admitió a trámite un recurso de Podemos contra el artículo 155 y tomó la misma decisión.

El Parlament recurrió ante el Tribunal Constitucional la activación del artículo 155 el pasado 8 de enero. Considera que esta acción vulneró el principio de autonomía y de participación política y se aplicó de forma “desproporcionada” ante una “mera declaración retórica” del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El recurso argumenta que las medidas aplicadas tras el 155 supusieron una suspensión “de facto” de la autonomía de Cataluña y acarrearon un “control político de conveniencia” al situar al Parlament “en una posición de subordinación jerárquica” respecto al Gobierno.

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