La polémica por la acusación de terrorismo marca el inicio del juicio de Alsasua

El juicio por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, Navarra, ocurrida en 2016, ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional envuelto en una intensa polémica debido a la acusación de terrorismo que pesa sobre los ocho jóvenes acusados de estos hechos y para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de prisión.

El primero de los acusados en declarar, Jokin Unamuno, ha dicho que se enfadó con los agentes de la Guardia Civil porque le habían puesto cuatro multas. «Le dije que menuda jeta tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares», ha dicho Unamuno, que se encuentra en prisión provisional. «Yo no golpeé a nadie», ha añadido el acusado, quien solo ha respondido a las preguntas de su abogada.

Otro de los acusados, Adur Ramírez, ha declarado que no estuvo «toda la noche» en el bar en el que ocurrieron los hechos, pues se fue a casa alrededor de las 02:00 horas, y asegura que sus padres lo pueden corroborar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas. En el momento de la agresión, los agentes le identificaron como uno de los agresores e iba, según ha destacado su abogada, vestido de rojo o naranja, pero el acusado ha asegurado que aquel día iba vestido de negro y no pasó por su casa para cambiarse de ropa. «O no están diciendo la verdad, o confunden con otra persona, es que es imposible», ha dicho Ramírez.

Por otra parte, Ohian Arnanz, otro de los acusados, ha dicho que sí estaba en el bar pero ha negado haber participado en las agresiones a los guardias civiles y sus parejas. Aunque en la instrucción negó haber estado en el bar, ahora ha asegurado que un chico del pueblo le llevó hasta el fondo del bar para que no se metiera en el altercado y ha insistido en que ni agredió ni amenazó a los agentes. «Nunca he tenido problemas ni altercados con la Guardia Civil», ha afirmado Arnanz.

La gran polémica que rodea al juicio ha generado manifestaciones a favor de los acusados como las del pasado sábado en Pamplona, apoyada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento, en la que participaron 38.000 personas, según los datos de la Policía Municipal, y más de 50.000, según los convocantes.

La manifestación estaba encabezada por los familiares de los acusados que, con una pancarta con el lema “Justicia. No es terrorismo”, aseguraron que no piden impunidad sino que exigen justicia ante “la exageración, la distorsión y la desproporción”, pues consideran que los hechos deben tratarse como una pelea de bar y no como terrorismo.

La polémica por la acusación de terrorismo ha llegado hasta Amnistía Internacional, que considera que lo ocurrido no puede considerarse terrorismo y, por tanto, la Fiscalía debería retirar su acusación y el proceso no sería, en consecuencia, competencia de la Audiencia Nacional.

El caso se adjudicó a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, que la adoptó después de que la Audiencia de Navarra planteara una cuestión de competencia ante el Supremo.

Los acusados, tres de los cuales se encuentran en prisión provisional, han sido recibidos por un grupo de familiares y amigos a su llegada a la Audiencia Nacional, entre los que estaban el vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra, Unai Hualde, y la diputada de EH Bildu Bakartxo Ruiz.

La Fiscalía argumenta que la actuación de los encausados, vinculados al colectivo «Ospa!» (fuera), se enmarca en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades, como paso previo a su exclusión social».

Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que a Ohian Arnanz se le atribuye, además, un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y seis meses de prisión.

Está previsto que el martes testifiquen los guardias civiles agredidos y sus parejas, informa Efe.