Libertad para los cinco detenidos clave en la trama de desvío de subvenciones en Cataluña

El juez que investiga a la trama que supuestamente desvió al menos dos millones de euros de subvenciones para cooperación de la Diputación de Barcelona en el primer mandato de CiU ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos clave, que se han acogido a su derecho a no declarar.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona no ha adoptado ninguna medida cautelar para los cinco principales implicados en la trama: el presidente y patrón de la Fundación CATmón, Víctor Terradelles; el alcalde de Tordera (Barcelona), Joan Carles García; el subdirector general de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jordi Castells; el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba; y el director de Pimec hasta 2014, Joaquim Ferrer.

La Policía Nacional detuvo este jueves a treinta personas, entre ellas también el expresidente de la Diputación por CiU Salvador Esteve -que quedó en libertad ayer, al igual que la mayoría de los arrestados-, por su supuesta implicación en el desvío de al menos dos millones de euros públicos del organismo provincial para proyectos de cooperación.

El juez centra su investigación en 28 subvenciones para cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a distintas empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez- para fines que nada tenían que ver con el desarrollo y que aún se están investigando.

Los cinco detenidos han comparecido este viernes ante el juez en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde se han acogido a su derecho a no declarar y han salido en libertad con cargos, sin ninguna medida cautelar, después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera ninguna medida para ellos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la causa, que el juez mantiene en secreto, hay además de los treinta detenidos, otros tres investigados.

El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez, con Esteve al frente, la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación en proyectos para América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros.

Otras irregularidades detectadas por el magistrado es que se utilizaron actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo. El juez sospecha que Castells, que fue director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona antes de ocupar su actual cargo en la Generalitat, presionó a funcionarios de la corporación para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones irregulares, pese a su dictamen inicial en contra.

Según la Policía, las entidades sin ánimo de lucro que recibieron la mayoría de subvenciones supuestamente irregulares fueron CATmón e Igman, ambas fundadas por Terradellas y el diputado de JxCAT Francesc Dalmases.

Durante el periodo investigado, CATmón e Igman recibieron más de diez millones de euros procedentes de diversos organismos públicos, entre ellos la propia Diputación de Barcelona, por lo que la Policía sospecha que el fraude podría ser mucho más elevado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos de las subvenciones de la Diputación de Barcelona «transitaban de forma anómala» entre las cuentas bancarias de Igman, CATmón y la sociedad mercantil Discatimat SL, «para finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama».

La causa sigue abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones, informa Efe.