Aumenta la presión internacional sobre Daniel Ortega para que cese la violencia en Nicaragua

La presión internacional sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la violencia en Nicaragua, que ha causado ya más de 350 muertos desde que comenzaron las protestas en abril, sigue aumentando después de los pronunciamientos realizado por Naciones Unidas,  Estados Unidos y varios países de América Latina. Mientras, el Gobierno de Managua, aprobó una ley que castiga por «terrorismo» a quien destruya o dañe bienes públicos y/o privados, al tiempo que se denunció el asesinato de 18 campesinos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua «la situación va de mal en peor«, y anunció que se reunirá con el ministro secretario privado para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de «inaceptable» la cantidad de muertos ocurridos en el país y el uso de la fuerza y subrayó que es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos.

«Hay una cosa evidente, el número de muertes es alarmante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable», dijo Guterres durante una visita a Costa Rica. «Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia, que se revitalice el diálogo político, porque solo una solución política es aceptable», añadió.

Guterres reiteró la disposición de la ONU para trabajar en una solución pacífica al conflicto, pero subrayó que la región también debe adoptar el liderazgo y contribuir a resolver el conflicto político y social.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que «lo que sucede en Nicaragua demanda una reacción de la Organización de las Naciones Unidas para detener la ola de violencia generalizada».

El Departamento de Estado de EEUU condenó también los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros de la iglesia católica en Nicaragua y advirtió al presidente Ortega de que cada nueva víctima en las protestas «mina aún más» su legitimidad.

El Gobierno de Donald Trump, que ha sido muy crítico con Ortega, insistió en la necesidad de  que se celebren elecciones «anticipadas, libres, justas y transparentes» como vía para salir a la crisis.

Mientras, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la situación de Nicaragua y denunciaron la «violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales» que se produce en este país.

Anunciaron así su «más firme» condena a los hechos de violencia en el país, exigieron el desmantelamiento de los grupos paramilitares e instaron a reactivar el diálogo nacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles un Consejo Permanente para seguir abordando la crisis en Nicaragua y votar una resolución de condena a la violencia.

Muerte de campesinos

En Nicaragua, el Movimiento Campesino denunció el «asesinato» de al menos 18 de sus miembros durante un ataque armado en la zona central del país ocurrido el sábado pasado, del que responsabilizaron a Ortega y a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Por su parte, el Parlamento aprobó una Ley que castigará por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos o privados, en medio de la revuelta popular que comenzó el pasado 18 de abril y que el Gobierno califica como un «gravísimo problema del terrorismo».

La oposición nicaragüense denunció que el Ejecutivo busca con esa Ley «criminalizar» la protesta cívica ciudadana y la persecución contra organismos cívicos y la iglesia católica.

Murillo dijo este mismo lunes que ni el «terrorismo» ni los «diabólicos» podrán gobernar este país.

Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra, informa EFE.