El Gobierno aprueba el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el decreto ley que reformará dos puntos de la Ley de Memoria Histórica y permitirá exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El decreto tiene que ser convalidado en el Congreso por mayoría simple. «No se puede perder ni un solo instante», ha remarcado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La familia Franco dispondrá de 15 días para presentar alegaciones. El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto ley, la exhumación se realizará a final de año.

Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de treinta días para su convalidación en el Congreso, y a partir de ahí su caducidad es de un año, «plazo más que suficiente» para que se lleve a cabo el «objetivo final» que es sacar los restos del dictador.

«La exhumación de los restos de Francisco Franco se tiene que hacer con urgencia. Se hará con todas las garantías correspondientes en el que la familia será oída y tendrá un plazo de 15 días para hacerse cargo de los restos de su familiar».

Calvo ha señalado que en este procedimiento la familia podrá indicar el lugar en el que desea depositar los restos de Franco. En caso de que la familia discrepe, no se pronuncie o no indique ningún lugar, el Gobierno decidirá en qué lugar digno y respetuoso» se trasladarán los restos. «Lo tenemos que hacer por la dignidad de nuestra memoria. Y lo hacemos pensando en el futuro de la gente más joven».

«Hemos ido a lo que es urgente, a lo que Naciones Unidas nos ha pedido en tantas ocasiones«, ha dicho Calvo sobre la exhumación. «Luego iremos a una resignificación del lugar».

La vicepresidenta del Gobierno también se ha referido al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. «En el caso de Primo de Rivera, él es una víctima de la contienda. Su permanencia en el Valle de los Caídos están justificados con las mismas condiciones que el resto de víctimas».

Sobre el apoyo de la Iglesia a la exhumación, Calvo ha señalado que «el Gobierno dispone de instrumentos para proceder en términos de estricta legalidad al final del objetivo de este Real Decreto Ley, que es la exhumación de los restos de Franco».

La medida, anunciada por el Ejecutivo llega 43 años después de la muerte del dictador, que construyó el monumento para glorificar su victoria en la Guerra Civil. En la construcción, que duró dieciocho años, participaron, junto a personal técnico, miles de presos políticos, y su coste según investigaciones del hispanista Raymond Carr, ascendió a 1.086,4 millones de pesetas (6.529.758 euros).

Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas (21.423 identificados y 12.410 sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias españolas, salvo Orense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Mantener el Valle de los Caídos le cuesta al Patrimonio Nacional 1.836.325 euros anuales, según una respuesta del Gobierno de junio de 2017, incluyendo en esa cantidad la subvención de 340.000 euros que recibe la abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El coste se refiere, además de a esa subvención, a los gastos de mantenimiento, suministros, personal y seguridad.