Australia quiere equiparar el sabotaje de alimentos con el delito de financiación del terrorismo

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha pedido este miércoles equiparar las condenas de cárcel por contaminación de comida con las que sancionan la financiación del terrorismo, a raíz de la crisis desatada por el sabotaje con agujas insertadas en las fresas.

«Quien comete un delito por falsificación o robo de propiedad del Estado tiene diez años (de prisión)», ha advertido Morrison en una rueda de prensa, en un país donde la condena por tenencia de pornografía infantil o financiación del terrorismo está tipificado en 15 años.

La propuesta para que se eleve de 10 a 15 años de prisión por el delito de sabotaje de alimentos, que aprobaría esta semana el Parlamento, pretende enviar un «mensaje muy claro» a los responsables de la crisis originada la semana pasada.

El Ejecutivo australiano también ampliará la definición de sabotaje, que normalmente se refiere a las infraestructuras nacionales, para incluir a los alimentos de consumo humano y que afectará a los actos de gran escala que dañen la «seguridad nacional».

El primer ministro ha anunciado que se creará un nuevo delito por «imprudencia» que se sancionará con un máximo de 10 años de cárcel y en el que no se necesitará demostrar un motivo. La tipificación de este nuevo delito pretende castigar a aquellos que han imitado los actos de sabotaje agrícola.

Morrison, quien les llamó «cobardes», ha avanzado que serán perseguidos hasta «meterlos en la cárcel». Las autoridades tienen pendiente dar con el paradero de los responsables de este sabotaje en la complicada cadena de producción en esta industria que genera unos 160 millones australianos –unos 98 millones euros–.

El gobierno australiano ha informado de que destinará un millón de dólares australianos –unos 600.000 euros– para ayudar a los cultivadores de fresas, que equivale a la suma anunciada por el ejecutivo del estado de Queensland el día anterior. Al mismo tiempo, las autoridades australianas y estatales han ofrecido recientemente 100.000 australianos –unos 6.0.000 euros– de recompensa para aquellos que ayuden a dar con los culpables.

Días después de que Nueva Zelanda prohibiera la venta de las fresas australianas, el gobierno federal anunció el martes que las frutas de exportación deberán estar libres de metales, lo que ha obligado a varias empresas a comprar detectores de este material.

Las agujas comenzaron a ser detectadas la semana pasada en el este de Australia y después en casi todo el país, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a los consumidores a cortarlas en trozos pequeños. Asimismo, se han denunciado esta semana casos aislados de una manzana y un plátano con agujas, que se cree han sido realizados por imitadores.