El ejército birmano denuncia la "interferencia" de la ONU en la crisis de los rohingyas

El jefe del ejército de Birmania, Min Aung Hlaing, ha defendido la «soberanía» de su país frente a la ONU, reaccionando así por primera vez a las acusaciones de «genocidio» de Naciones Unidas en la crisis de los rohingyas, informa el diario oficial del ejército Myawady. Estas declaraciones son las primeras reacciones de Min Aung Hlaing después de que un grupo de expertos de la ONU recomendara en un informe que un tribunal internacional juzgue al jefe de las fuerzas armadas y a otros generales birmanos por las violaciones y asesinatos cometidos contra la minoría rohingyas en el estado de Rakáin.

«Ningún país, ninguna organización ni ningún grupo tiene derecho a interferir» en la política birmana, ha afirmado el general en la publicación. «Los países de todo el mundo eligen el sistema democrático que les conviene (…) Birmania está en camino hacia el multipartidismo democrático», ha explicado el militar, aunque ha asegurado que el ejército continuará estando muy implicado mientras no se hayan resuelto las rebeliones en el país.

En el informe, la ONU se señala a seis altos responsables del ejército, entre ellos Min Aung Hlaing, y pide al gobierno civil birmano que «siga el proceso para retirar a los militares de la vida política» por «genocidio», «crímenes contra la humanidad» y «crímenes de guerra» contra esa minoría musulmana en Rakáin y en los estados de Kachin (en el noroeste) y de Shan (noreste).

Por su parte, el Gobierno de Birmania, liderado por el Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, ha rechazado las recomendaciones del informe y ha asegurado que ya ha formado una comisión independiente para investigar los hechos en Rakáin.

El reporte también informa de un patrón de violaciones y otras formas de violencia sexual. «Cientos, posiblemente miles, de mujeres y niñas Rohinyás han sido brutalmente violadas, incluyendo violaciones en grupo», denuncian desde la ONU. Muchas de las víctimas han sido asesinadas o mutiladas. El documento concluye que «las violaciones y la violencia sexual son parte de una estrategia deliberada para intimidar, aterrorizar y castigar a la población civil, y son usadas como tácticas de guerra».

Desde que comenzaron las operaciones militares en Rakáin el 25 de agosto de 2017 en respuesta a varios ataques de insurgentes, al menos 10.000 personas han muerto. Además, alrededor de 725.000 personas han buscado refugio en Bangladesh huyendo de la violencia de los militares birmanos y las milicias budistas, según el informe de la misión de la ONU.

El pueblo Rohingya es una comunidad de mayoría musulmana. Birmania los considera inmigrantes bangladesíes en lugar de una etnia de la nación, sometiéndoles a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos. Tanto el Ejército como el Gobierno birmano han rechazado cualquier acusación sobre violaciones de los derechos humanos, informa EFE.