Tres estudiantes nicaragüenses, condenados a 17 años por terrorismo durante las protestas
Tres estudiantes nicaragüenses han sido condenados este martes a 17 años y seis meses de cárcel tras ser declarados culpables de delitos de terrorismo, informa Efe. La fiscalía solicitó para los tres procesados la pena máxima, de 30 años, que contempla la legislación.
Tres estudiantes nicaragüenses han sido condenados este martes a 17 años y seis meses de cárcel tras ser declarados culpables de delitos de terrorismo, informa Efe. La Fiscalía había solicitado para los tres procesados la pena máxima, de 30 años, que contempla la legislación.
Los condenados son Kevin Rodrigo Espinoza, de 21 años, Marlon Fonseca, de 26, y Hanssel Vázquez, de 25, que fueron arrestados el 11 de julio acusados de participar, el pasado 30 de mayo, en la quema de la emisora radiofónica Nueva Radio Ya, de corte oficialista. Las penas impuestas por el juez Melvin Vargas a los jóvenes son de 15 años por terrorismo, dos por tráfico de armas y seis meses por entorpecimiento de servicios públicos. Esta última hace referencia a la colocación de bloqueos en calles de varios puntos del país. El juez Vargas exoneró a los tres jóvenes del delito de homicidio en grado de frustración contra el personal de la estación de radio.
Por su parte, el abogado de la defensa, Julio Montenegro, ha calificado la sentencia como «nula» en declaraciones a la prensa, argumentando que los jóvenes fueron detenidos por paramilitares y que los cargos que se les imputan no fueron probados por la Fiscalía. El jurista considera que la ley que tipifica el delito de terrorismo, aprobada en junio por el parlamento, es aplicada «de forma maliciosa» a las personas que han participado en protestas, las cuales se desarrollan desde el pasado mes de abril.
«Este proceso ha sido ilegal, arbitrario desde el momento que fueron secuestrados por paramilitares. Las audiencias han sido herméticas, han presentado testigos falsos en el juicio», ha denunciado a la prensa Brenda Gutiérrez, madre de Espinoza.
Diferentes organismos defensores de los derechos humanos estiman que alrededor de 300 personas, de las más de 500 que han sido detenidas por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, se encuentran en un proceso judicial por cargos de terrorismo y crimen organizado.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de «más de 300 muertos«, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El presidente nicaragüense ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado«.