El TSJC investigará a Jové por el 1-O pero no a Aragonès

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové por la organización del referéndum independentista del 1-O, informa el TSJC en un comunicado. En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha designado a la jueza Maria Eugènia Alegret para investigar a Jové, al que atribuye los delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos, pero no el de prevaricación administrativa que también apuntaba la Fiscalía. La sala ha descartado, por el contrario, investigar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que la propia Fiscalía Superior de Cataluña afirmara que no veía suficientes indicios para imputarlo.

El auto estima parcialmente la exposición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, para que imputara a Aragonès y a Jové, dada su condición de aforados por su cargo de diputados del Parlament. El alto tribunal catalán mantiene en su auto que en su exposición el juez instructor no detalla «los concretos actos referidos a la esfera de responsabilidad» de Aragonès, secretario de Economía cuando se organizó el 1-O, que «habría realizado u omitido para sostener la realización del referéndum». Esto, según el TSJC, «impide aceptar -por ahora- su investigación».

El Tribunal Superior catalán cree, en el caso de Jové, que hay indicios que lo relacionan «con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional«. Entre esos indicios, la sala apunta a la posible participación de Jové en el «comité ejecutivo del entramado» creado por el Govern «y otros actores» desde 2015 para conseguir la independencia de Cataluña «tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional».

Para el TSJC, también existe una «eventual responsabilidad» de Jové en la organización del referéndum, en el que «se invirtieron, directamente o mediante personas interpuestas, fondos públicos, o bien se comprometió el correspondiente gasto, por una suma aún por determinar», lo que, considera, podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

Asimismo, la sala sostiene que Jové podría ser autor de un delito de revelación de secretos, por la utilización ilícita del fichero de datos personales de la población de Cataluña del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para el referéndum. Según el TSJC, Jové firmó un convenio de colaboración con el Idescat que autorizaba a la entidad a remitir al departamento de Vicepresidencia, trimestralmente, el fichero del registro de población de Cataluña «para la gestión y actualización de esos datos por medio de una conexión informática segura». En opinión del tribunal, el Idescat entregó a Vicepresidencia el registro de población «con el fin de ser utilizado para la celebración del referéndum» y el Departamento de Vicepresidencia que gestionaba Jové -añade el auto- lo trasladó al de Gobernación. La sala recalca que a ese fichero «tuvieron acceso múltiples personas, ya que con él se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas electorales y tarjetas censales del referéndum suspendido y los sistemas informáticos de votación».

Por la cesión del censo del 1-O, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputado al director del Idescat, Frederic Udina, informa Efe.