El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar ocho millones el 1-O

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha presentado una demanda contra ex altos cargos de la Generalitat, con el expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, en la que les acusa de desviar ocho millones de euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La demanda se dirige también contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al resto de exconsellers, así como a la entonces interventora de la Generalitat.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres ha elevado al órgano fiscalizador de las cuentas públicas una demanda en la que imputa el desvío de fondos a un total de 17 altos cargos del Govern de Puigdemont y destaca que este dinero, más del doble de las cifras descubiertas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, fue destinado ilícitamente para la independencia de Cataluña.

La Guardia Civil había cifrado la supuesta malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Tribunal Supremo, en 3,07 millones de euros.

El fiscal considera que el desvío de dinero para el 1-O puede superar los ocho millones, puesto que todavía se están investigando las partidas que, camufladas como actividades culturales, las delegaciones que la Generalitat posee en el extranjero, destinaron a la celebración del referéndum. La mayoría de este dinero fue dedicado a publicidad sobre el independentismo tanto dentro como fuera de España. La demanda especifica que la Generalitat gastó 7,5 millones en publicidad.

La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para la celebración del 1-O.

Hacienda pedía que la Fiscalía hiciera las «actuaciones oportunas» encaminadas a determinar las acciones, contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del 1-O y a concretar cuánto dinero costó.

El Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad de los exmiembros del Govern que participaron en el referéndum, un proceso independiente del que lleva el Tribunal Supremo.