La Audiencia Nacional confirma su competencia para investigar a los acompañantes de Puigdemont

La Audiencia Nacional ha confirmado su competencia para investigar a los dos mossos d’Esquadra que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Esta decisión se ha tomado debido a que el tribunal considera que el hecho delictivo comenzó en España, desde donde se trasladaron a su encuentro.

La sección tercera ha rechazado en este auto judicial el recurso que interpusieron las defensas de los dos agentes, Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, presentado después de que el juez de instrucción se negase a aceptar el incidente de nulidad en el que consideraban que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar a sus clientes porque la detención se produjo en Alemania. Además, alegaron que la legislación alemana no considera delito el encubrimiento de un delito de rebelión.

La Sala de lo Penal, presidida por Alfonso Guevara, ha rechazado esas alegaciones afirmando que «los hechos ejecutivos del delito de encubrimiento» que se imputa a los agentes se iniciaron en España y, según la doctrina del Tribunal Supremo, «el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo».

Los magistrados han insistido en que los hechos se cometieron también en territorio español porque los mossos partieron de España el día 19 de marzo de 2018, mientras disfrutaban de días de permiso, para reunirse con Carles Puigdemont y prestarle la asistencia que necesitase. Además, han afirmado que los investigados podrían haber abusado de sus funciones públicas, dada su pertenencia a la policía autonómica catalana, para ayudar a Puigdemont a esquivar a la justicia española, iniciando así el delito de encubrimiento en España. 

Aunque asumen así que la jurisdicción española es competente, los jueces sugieren que «se puede recabar la información precisa acerca de la punibilidad de los hechos en Finlandia, Dinamarca o Alemania» por si se demostrase en la investigación abierta que ninguno de los actos del encubrimiento fue realizado en España.

La investigación contra los dos mossos y las otras dos personas que acompañaban a Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay y el empresario gerundense Josep María Matamala, se reabrió el pasado 17 de enero después de que la Sala de lo Penal obligara a hacerlo al juez instructor Diego de Egea, que había decidido cerrarla.

Los cuatro han vuelto así a estar imputados de un delito de encubrimiento de rebelión porque conocían, según la Sala de lo Penal, la situación de huido de la justicia del expresidente catalán cuando le acompañaron en su viaje en automóvil desde Estocolmo hasta Alemania, donde fue detenido el 25 de marzo de 2018. Esta detención se produjo a partir de una euroorden cursada por el juez del Supremo instructor del «procés», Pablo Llarena.