Jordi Sànchez defiende que las movilizaciones frente a la Conselleria de Economía "fueron pacíficas"

El juicio a la cúpula del procés se ha reanudado este jueves en el Tribunal Supremo marcado por la huelga general convocada por el sindicato independentista Intersindical-CSC en protesta por la imputación de los líderes soberanistas catalanes. La sexta jornada del juicio se ha iniciado con el interrogatorio al exconseller de Empresa Santi Vila, en libertad condicional, quien ha explicado que desde mediados de septiembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional empezó a suspender las leyes de desconexión, «el referéndum muta a una gran movilización política y yo ya no lo reconozco como referéndum». El juicio ha continuado con el interrogatorio al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que se ha declarado «preso político» y ha defendido que las concentraciones del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía «fueron pacíficas».

Después de seguir desde la primera fila del público la sesión de este jueves del juicio, el president, Quim Torra, ha defendido que Jordi Sànchez ha desmontado con su declaración «una por una» todas las acusaciones de la Fiscalía, especialmente la «fake prueba» de la violencia del día 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía y Hacienda. Sànchez, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía del Estado, ocho años por sedición, la misma pena que solicita para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha iniciado su intervención apelando a su condición de «preso político».

Jordi Sànchez: «Todos los hechos que mantiene la Fiscalía contra mi persona son falsos»

«Me considero un preso político y esto es un juicio político», ha declarado Sànchez al fiscal Javier Zaragoza, y ha dicho estar convencido de que «todos los hechos que mantiene la Fiscalía contra mi persona son absolutamente falsos y no tengo temor a responder».

La primera parte del interrogatorio a Sànchez ha estado centrada en las movilizaciones del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, convocadas por ANC y Òmnium Cultural. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana no ha dudado en defender a la organización: «La ANC es una asociación privada creada en 2012 que cumple con la legalidad y con la normativa y como entidad ciudadana utiliza el derecho de reunión y manifestación y es lo que hemos hecho desde 2012 sin violencia». En este contexto, ha defendido que el conseller de Interior Joaquim Forn le llamó para pedirle que ayudara a gestionar y ordenar la protesta. «Me pidió que colaborara con la Guardia Urbana y los Mossos».

Preguntado sobre las llamadas el 20 de septiembre al entonces major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, ha asegurado que el motivo era «organizar el servicio de orden y colaborar con la Policía para mantener la calma», y que que uno de los momentos de mayor tensión fue cuando supo que en los coches de la Guardia Civil había armas largas.

Sànchez: «En ningún momento hubo tensión en las movilizaciones frente a la Conselleria de Economía»

La sesión ha continuado con cierta tensión en lo referente a los dos coches de la Guardia Civil destrozados el 20 de septiembre de 2017. El fiscal Zaragoza ha relatado la situación de «gran agresividad» que obligó a guardias civiles a entrar en la Conselleria de Economía. Sànchez tiene una visión distinta de lo que ocurrió aquella jornada: «En ningún momento hubo tensión. Solo hay que hacer un visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad de la consellería desde las 7:00 hasta largas horas de la madrugada». «Había una absoluta normalidad», ha asegurado Sànchez, que ha afirmado que esa manifestación «era una protesta con carácter festivo y sin tensión».

Sànchez ha defendido que denunció la acción de destrozo de los coches, pero ha subrayado que «lo que hagan unos individuos concretos no puede ser la excusa para criminalizar o penalizar a una movilización de 40.000 o 50.000 personas». El fiscal ha sido claro en su respuesta: «No se criminaliza la movilización sino los resultados y consecuencias de la movilización».

«Ejercimos el legítimo derecho a la protesta de una forma cívica» 

En reiteradas ocasiones, el expresidente de la ANC ha señalado que él nunca ha defendido los actos violentos y que en la concentración del 20S los ciudadanos ejercieron su «derecho a la protesta de forma cívica». Sànchez ha reconocido que tanto él como Cuixart se subieron encima de los coches de la Guardia Civil, pero que no se dio cuenta de lo dañado que estaba el vehículo, sólo de las pegatinas. «Yo no voy a justificar la violencia sobre los vehículos. Pero ¿cómo es que no hay ninguna imagen de cómo se están produciendo los daños sobre estos vehículos?».

El fiscal le ha preguntado también por el hecho de que la comitiva judicial no pudo salir de la Conselleria, a lo que Sànchez ha respondido que «no hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona«.

Sobre la violencia del 1 de octubre, Sànchez ha atribuido los enfrentamientos a «una actuación policial que usó de manera desproporcionada la fuerza». «Tengo conciencia de que el 1 de octubre hubo 2.000 colegios electorales y que en la práctica totalidad hubo un ambiente festivo y se celebró sin incidentes. Y que en un pequeño número, no creo que fueran más de 50, hubo incidencias cuando hubo una actuación policial que usó de manera desproporcionada la fuerza», ha afirmado.

Más tarde, su abogado ha pedido que se exhiba un vídeo sobre las cargas policiales del 1-O, unas imágenes que se han visto por primera vez en la sala durante este juicio. En concreto, se ha mostrado la actuación policial del instituto Pau Claris de Barcelona, una de las más polémicas, en las que se ve a policías apartando a ciudadanos de una escalera.

Además, no ha reconocido la existencia de policías heridos durante el día del referéndum y admite que, aunque algunos tuvieron «contusiones» lo que le consta son los ciudadanos heridos. En una tensa discusión con el fiscal Javier Zaragoza, Sànchez ha dicho que «no le consta» que hubiera policías heridos.

Tras las preguntas del fiscal y la Abogacía del Estado, Sànchez ha respondido a su abogado, que le ha preguntado sobre el documento EnfoCATs, considerado como la hoja de ruta informal hacia la independencia. Como otros de los exconsellers procesados, Sànchez ha afirmado que no lo conocía y lo ha calificado de un documento «apócrifo» que deduce que fue escrito en el año 2016.

También en respuesta a su abogado, Sànchez ha hablado sobre el papel de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que presidía en 2017, y su posición sobre la independencia de Cataluña. Ha desvinculado la organización del Govern de la Generalitat y ha asegurado que no recibe dinero público.

«El objeto de la ANC es la independencia de Cataluña«, ha explicado Sànchez, que ha afirmado que «nunca hemos tenido una actuación judicial motivada por los posicionamientos de la entidad».

Santi Vila: PP y PSOE tenían «alto interés en evitar el choque de trenes»

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden siete años de prisión por desobediencia y malversación para Santi Vila, quien abandonó el Govern la víspera de que el Parlamento aprobara la declaración unilateral de independencia (DUI). El exconseller, que ha decidido responder a todas las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero no a las de Vox, como el resto de los procesados, ha comenzado a explicar cuáles fueron sus responsabilidades en el Govern y que «dimitió el 26 de octubre», un día antes de la DUI. Él no fue cesado por el 155 como recuerda el fiscal Fidel Cadena.

Vila ha reconocido que tras el 1-O hubo «discrepancia de interpretaciones» en el Govern presidido por Carles Puigdemont, huido de la Justicia, sobre lo que se debía hacer, y ha señalado que él consideró que «era la obligación del Gobierno ser el Gobierno de todos», incluso de quienes se quedaron en casa. «Dimito frustrado porque a partir de la noche del 1 de octubre, en el seno del movimiento soberanista hay discrepancia de interpretaciones sobre qué ha pasado».

«Mientras algunos interpretaron el 1-O como un referéndum que los obligaba e interpelaba, otros, yo incluido, estábamos convencidos de que fue una movilización muy importante de más de dos millones de personas a favor de la independencia», ha añadido Vila.

El exconseller siempre se ha mostrado en contra de la vía unilateral, y ha asegurado que «en algunos sectores de la sociedad había presiones para que el Govern tomara decisiones de carácter unilateral», sin embargo, ha matizado que en todo momento el Govern «intentaba tensar la cuerda sin que se rompiera».

«Ni yo ni ninguno de mis compañeros tomamos ninguna decisión sobre la base de aquella ley», ha dicho Vila, sobre la Ley del Referéndum del 6 de septiembre de 2017, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente. La misma noche de la aprobación de la ley, y antes de que el alto tribunal se pronunciara, el Govern firmó el decreto de convocatoria del referéndum.

Vila: «Puigdemont me aseguró que no se gastaría un euro de dinero público»

Como el resto de los acusados, Vila ha defendido que «nunca» tomó ninguna decisión en referencia a los gastos del 1-O. «Creo que se había financiado por mecenazgo, con empresarios mecenas catalanes y catalanistas, pero estoy especulando», ha asegurado, y ha añadido que Puigdemont le dijo que estuviera tranquilo porque no se iba a gastar «ni un euro del erario público».

«Lamento profundamente lo que ha pasado en Cataluña, impropio de una sociedad avanzada como la catalana», ha dicho Vila en otro momento de su intervención en la que ha subrayado que el Gobierno central debería haber hecho las cosas de otra manera «y evitar que ahora estuviésemos nosotros aquí sentados delante de ustedes».

Vila: «Con el tiempo reconduciré mi amistad con Puigdemont»

Vila ha respondido también a las preguntas de su abogado, Pau Molins, al que ha aclarado que no negoció con el Gobierno central, hizo de «interlocutor» siempre «ante y post conocimiento de Puigdemont y bajo sus indicaciones».

«Yo formé parte de los políticos que mediaron con altos dirigentes del PSOE y con altos dirigentes del Gobierno de España, que en contra de lo que se publica tenían un alto interés en evitar el choque de trenes», ha asegurado Vila. El exconsejero ha dicho que sigue manteniendo buenas relaciones con cargos importantes del PP y PSC, y en cuanto al expresidente de la Generalitat, se ha mostrado convencido de que «con el tiempo reconduciré mi amistad con Puigdemont».

En esta jornada se preveía también que declarasen el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía, ocho años por sedición, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que será la que cierre los interrogatorios a los 12 procesados en la causa, nueve de los cuales están en prisión preventiva. El Ministerio Público solicita para Forcadell 17 años por rebelión, mientras que la Abogacía del Estado pide 10 años por sedición.

Finalmente, la declaración de Jordi Sànchez ha cerrado la sexta jornada del juicio del procés a las 18:30 horas, por lo que Cuixart y Forcadell declararán el martes 26.

Con ellos terminarán las declaraciones de los procesados y comenzará el turno de los testigos, con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy citado para comparecer en el Supremo el próximo martes día 26. Ese mismo día deberán acudir al tribunal el expresident de la Generalitat Artur Mas, el presidente del Parlament, Roger Torrent, el diputado de ERC Joan Tardá, la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal y el exportavoz de EnComu Podem Xavier Doménech.