El control de los retornados, de las cárceles y las finanzas, ejes de la nueva estrategia antiterrorista

La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo para 2019-2022 puesta en marcha por el Gobierno tiene como ejes principales el control de los retornados, de la radicalización en las cárceles y de la financiación de la actividad terrorista y proselitista, según el texto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se hace hincapié también a la atención a las víctimas y la construcción de una narrativa propia para España en torno a esta cuestión.

Esta estrategia, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 21 de enero de 2019 para sustituir a la que caducó en 2017, ha sido coordinada por el Ministerio del Interior a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y la participación de varios ministerios.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tenido en cuenta en la elaboración de la nueva estrategia las aportaciones de expertos del ámbito universitario, de la sociedad civil y de las víctimas del terrorismo.

La misión de la estrategia es «proteger la libertad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos contrarrestando la amenaza que representan el terrorismo y el extremismo violento contra los ciudadanos y los intereses españoles dentro y fuera de España y en los espacios comunes globales», se indica al inicio el texto, en el que se subraya que «el terrorismo constituye una de las principales amenazas para nuestra sociedad abierta y plural, y atenta directamente contra los valores y principios esenciales que rigen nuestra convivencia».

«Nos enfrentamos con lo mejor a la peor amenaza para la libre convivencia ciudadana. Y lo hacemos con determinación, firmeza y mirando al futuro con esperanza», añade el texto de la Estrategia Antiterrorista que, por primera vez tiene carácter público salvo en aquellos aspectos más operativos que, por lógica, tienen que ser reservados. El objetivo de esto es «implicar a la sociedad en su conjunto, con un afán integrador y cooperador de las distintas administraciones así como del sector privado».

La radicalización, el extremismo violento, la captación y el adoctrinamiento con fines terroristas forman parte de las amenazas que han adquirido un mayor protagonismo.

En el caso de España, la amenaza procede, principalmente, de la actividad de actores solitarios y células auto-radicalizadas en el terreno. «Se ha producido una notable evolución de la amenaza terrorista desde la aprobación de la EICTIR. Elementos clave de esa evolución en estos años han sido el incremento de la amenaza fruto del auge de la organización terrorista DAESH, el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros (CTE) – españoles o residentes en España que se desplazaron a Siria e Iraq para integrarse en las organizaciones terroristas que allí operaban- y la ola de atentados en los países de nuestro entorno, que alcanzó dramáticamente a España en agosto de 2017″ con los ataques en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, se dice en el documento.

Pero el peligro también puede venir de los retornados de zonas de conflicto, se añade. Más de 230 españoles o residentes en España se desplazaron a Siria a Irak para unirse a grupos terroristas. Un 25 % han fallecido en zonas de conflicto, pero se calcula que un 20 % (más de 40 personas) han retornado, según datos del Ministerio del Interior, informa Efe.

Aunque no se sabe si todos ellos han vuelto a España o algunos se han quedado en Europa, las fuerzas de seguridad mantienen un control exhaustivo de los que tiene controlados, porque suponen un riesgo dado su entrenamiento en las zonas conflicto y su potencial como captadores.

De este modo, uno de los mayores retos es evitar que se conviertan en figura de referencia para los jóvenes, mermando su capacidad de atracción y su poder reclutador.

Por tanto, en el plan estratégico se contempla el desarrollo de programas integrales específicos de tratamiento y seguimiento para los retornados.

Especial preocupación desierta en el Ministerio del Interior la radicalización en las cárceles, por lo que la estrategia plantea darle una vuelta a los actuales planes para aumentar el número de reclusos que se apunten voluntariamente a los programas de desradicalización, ya que en el mejor de los casos la cifra no ha superado los 15.

En la actualidad, según datos de Efe, hay unos 140 presos condenados y preventivos por yihadismo, a los que hay que añadir unos 120 susceptibles de ser captados o con capacidad para captar.

Asimismo, la estrategia prevé acciones para asegurar una aplicación efectiva de las penas de libertad vigilada para penados por terrorismo que sean excarcelados.

Otra de las líneas de actuación está encaminada a cortar las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento, por lo que se potenciarán las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

No se descartan modificaciones legislativas y el plan se decanta por un marco normativo que garantice la figura del testigo protegido y la actividad del agente encubierto, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

Prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta son los cuatro puntos sobre los que descansa el nuevo plan estratégico. Todo ello, con más medios personales y materiales, con la participación de la sociedad en su conjunto, con la colaboración internacional y con el consenso político.

Por encima de todo, indica el documento, están las víctimas. «La consideración, respeto y protección integral de las víctimas debe mantenerse como un eje prioritario y referencia de la acción del Estado contra el terrorismo y el extremismo violento».

También se hace referencia a la importancia de la colaboración ciudadana. «No es vano, gracias al programa Stop Radicalismos se han recibido casi 7.000 comunicaciones ciudadanas, de las que un 34% tenían interés policial, hasta el punto de que se han abierto más de 150 investigaciones», indica Efe.

Con respecto al terrorismo autóctono, la nueva estrategia, que se evaluará anualmente, considera que no representa una amenaza relevante, pero se debe continuar con la investigación, con la defensa de la memoria de las víctimas y con «la transmisión de una narrativa que resalte la lucha de la democracia frente al terrorismo».