La Comunidad Valenciana restringe el servicio de VTC con la precontratación de al menos 15 minutos
En la Comunidad Valenciana existen 4.695 licencias de taxi por 377 de VTC
El Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde existen 4.695 licencias de taxi por 377 de VTC, ha aprobado el decreto ley que regula el alquiler de vehículos con conductor, que contempla una contratación previa con al menos 15 minutos de antelación al servicio, y prohíbe tanto el uso de herramientas de geolocalización para captar clientes como estacionar en la calle.
En línea con la regulación catalana adoptada en enero, el Gobierno valenciano prohíbe además a los VTC[contexto id=»383900″] buscar clientes por la calle o estacionar en lugares de alta demanda como aeropuertos o centros comerciales y prohíbe a las aplicaciones de reserva como Uber o Cabify geolocalizar sus coches.
▶ @monicaoltra El Decret Llei d’arrendament de vehicles amb conductor (VTC) fixa la necessitat de contractar el servei amb almenys 15 minuts d’antelació i regula la recerca de clientela i estacionament en llocs de generació de demanda #PleConsell @GVAhabitatge pic.twitter.com/ljXGkQnncU
— GVA Portaveu i Vicepresidència (@GVAportaveu) March 29, 2019
Según ha informado la consellera María José Salvador en la rueda de prensa tras el pleno de este viernes, deberá quedar constancia de la contratación de los servicios en un registro de comunicaciones, con excepción de los que se deban realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.
Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio.
Se considera captación de clientela la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios, y, por tanto, no se permite su utilización.
Tampoco se permite el estacionamiento en las vías públicas, debiendo estacionar en garajes o aparcamientos no ubicados en la propia vía pública, así como aparcar en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio o instalaciones deportivas, entre otros.
El decreto ley se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y entrará en vigor al día siguiente, a excepción del periodo mínimo de antelación en la contratación, que entrará en vigor en un plazo de dos meses como máximo, para facilitar el despliegue de las medidas técnicas adecuadas para su aplicación, tiempo que se considera de adaptación al registro telemático.
Además, deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de Les Corts, que también tendrá la posibilidad de decidir si quiere tramitarlo como un proyecto de ley.
Salvador ha argumentado que el Gobierno valenciano aprueba y tramita esta regulación para garantizar «espacios de convivencia» entre los VTC y el taxi y evitar situaciones de conflicto que generen un perjuicio a los usuarios, y ha recordado que es la quinta autonomía en dotarse de regulación sobre estos servicios, tras Aragón, País Vasco, Baleares y Cataluña.
La consellera ha asegurado que un informe de la Abogacía de la Generalitat da apoyo a cada medida aprobada y es «muy claro» al plantear que no concurre ninguna casuística que pueda generar derecho a indemnización, en alusión a una posible demanda por parte de la patronal Unauto.
Sobre si han pensado anticiparse a un posible vacío legal que aprovecharan las plataformas de VTC para operar sin la precontratación de 15 minutos, como ha ocurrido en Barcelona, ha manifestado que en la Comunitat no pueden «estar mirando el espejo de Cataluña», porque cada territorio tiene su singularidad y aquí no se ha producido la conflictividad de esa comunidad.
La Generalitat centra su regulación en los servicios que son de su competencia, es decir, los de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permite que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos. La autorización administrativa que habilite a las VTC estará referida a cada uno de los vehículos mediante los cuales se realiza la actividad, y cada uno de ellos deberán llevar un distintivo de identificación.
Cada vez que se sustituya uno de los vehículos adscritos a autorizaciones VTC se hará por otro vehículo que utilice como fuente de energía la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, los combustibles sintéticos y parafínicos, el gas natural y el gas licuado del petróleo, o por híbridos.
El decreto ley regula el régimen sancionador por su incumplimiento de acuerdo con lo establecido en la ley de ordenación de los transportes terrestres. Según la consellera, no se podía avanzar sin el acuerdo de «quien siempre ha desarrollado un servicio público, el taxi», sometido a una fuerte regulación.
