El Gobierno aprueba repartir 109,5 millones de euros a las CCAA para prevenir la violencia de género
El Consejo de Ministros aprueba un plan de Impulso a la Contratación Pública socialmente responsable
El Gobierno ha aprobado la distribución de 109,5 millones de euros en 2019 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la asistencia integral a víctimas de violencia de género y también para la atención a víctimas de agresiones sexuales.
En concreto, se distribuye el crédito de 100 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, otros 6,5 millones para el desarrollo de programas y la prestación de servicios para la asistencia social integral a las víctimas y la atención a los menores; un millón para planes personalizados de atención a las víctimas y dos millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, este viernes 12 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El #CMin aprueba hoy una distribución de crédito de 100.000.000 € para el desarrollo del Pacto de Estado contra la #ViolenciaDeGénero destinado a #CCAA en 2019.
Incluye:➡️Asistencia a las víctimas
➡️Planes personalizados
➡️Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales pic.twitter.com/R306tifncK— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 12, 2019
Plan para que la contratación pública tenga criterio social
El Consejo de Ministros ha aprobado también un plan de Impulso a la Contratación Pública socialmente responsable, que incentivará que sus proveedores tengan en plantilla personas con discapacidad, cuenten con planes de igualdad entre hombres y mujeres o fomenten la conciliación laboral.
Celaá ha señalado que en las decisiones de contratación de las administraciones debe primar también la «vertiente social» y favorecer a las empresas contratadas que incluyen cláusulas sociales en favor del «trabajo digno, la inclusión, el comercio justo o el cumplimiento de los derechos laborales y de igualdad».
Ha explicado que en 2017 la contratación pública en España supuso el 9,53% del PIB y 13,1% del PIB en la media europea, con lo que ha considerado que «este acuerdo tendrá un importante impacto en la mejora de las condiciones sociales en las que desarrollan su trabajo las empresas».
El #CMin aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable.
➡️Objetivo: poner estas decisiones de contratación al servicio de otras políticas consideradas estratégicas, como la política social. pic.twitter.com/QTTcgAgPzD
— La Moncloa (@desdelamoncloa) April 12, 2019
Con el impulso de este Plan de consideraciones sociales en la contratación pública, las empresas con trabajadores con discapacidad, que dispongan de planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones salariales y laborales tendrán mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.
El Plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable.
En torno a quién puede contratar con la Administración, el Plan señala que serán excluidas las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad o se podrán rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral, además de que se tendrá en consideración la calidad de la prestación.
Estrategia de Modernización de Justicia
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha presentado en el Consejo de Ministros la Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia, una materia para la que el Gobierno ha autorizado un gasto de 164 millones de euros para nuevas tecnologías. En concreto el Ejecutivo ha dado luz verde a dos contratos, por 64,3 y 99,7 millones de euros, para la transformación digital de sedes judiciales y para sistemas de apoyo a juzgados y fiscalías.
El informe que ha presentado la ministra recoge los objetivos y los programas estratégicos puestos en marcha desde el Gobierno para acercar la justicia digital a profesionales y ciudadanos en general.
Se trata de proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías las herramientas informáticas más avanzadas, impulsar el intercambio de información entre las comunidades autónomas cuya justicia gestiona el Ministerio y las que tienen competencias transferidas y facilitar el trabajo diario de los operadores jurídicos que cada día usan esos sistemas.
El documento recoge un plan para racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y su adaptación a las necesidades reales de jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y funcionarios judiciales. Incluye la renovación de los equipos, de los que ya se han entregado más de 8.000 ordenadores y 2.600 tabletas, la transformación digital de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones que subtitulan las imágenes de forma automática.
También se introducirán nuevas aplicaciones como las que permitirán la armonización automática de documentos judiciales electrónicos, para dar una mayor protección a los datos de carácter personal de los usuarios, y dispositivos de identificación biométrica, informa Efe.
