El director jurídico de la Generalitat niega que hubiera gasto público para el 1-O

El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha defendido que la organización del 1-O no comportó «ningún perjuicio» en el erario público al no existir ninguna partida presupuestaria, ya que las facturas relacionadas con el referéndum fueron todas rechazadas. La versión de Esteve ha sido avalada después por Merce Corretja, directora general de Contratación de la Generalitat que ha dicho que «en absoluto» existen contratos para el 1-O.

Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona sobre los preparativos del 1-O, ha declarado en el juicio del procés a petición de las defensas, que buscan desmontar la acusación de malversación a nueve encausados. Ha recordado que la Generalitat se opuso al nombramiento del instructor del Tribunal de Cuentas que investiga la denuncia de la Fiscalía por la supuesta responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y de 18 exaltos cargos catalanes, al no apreciar «ningún perjuicio en el erario público».

«No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente», ha asegurado.

Esteve, que también fue número dos de la exconsellera de Gobernación Meritxel Borràs, ha ido desgranando algunos contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación, como el contrato marco de Unipost con la Generalitat, en el que las acusaciones creen que se escondieron partidas para el 1-O a través de los encargos de los cinco departamentos que figuran en ese contrato marco.

Pero ha dicho que las «facturas proforma» emitidas por Unipost fueron «vistas a ojos de la Generalitat como presupuestos» y, por tanto, «no es un encargo formal» pese a que las notas de entrega de los cinco departamentos tenían el sello de la Generalitat, lo que para la Guardia Civil sí constituye el pedido oficial. Después Unipost generó una secuencia de facturas que quedaron en suspenso en cuatro de las cinco consellerías, salvo en Trabajo, que fue rechazada por este departamentos dos veces. Ninguna se pagó.

Sobre la publicidad del referéndum, ha apoyado la versión de las defensas de que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emitió dos anuncios de manera «gratuita», pese a que la presidenta, Nuria Llórach, aún sigue reclamando al departamento de Presidencia el importe de dos facturas de 93.000 y 180.000 euros.

La Fiscalía ve también indicios de malversación en el registro de catalanes en el exterior, que el testigo ha desligado del 1-O: «No aparece en ningún momento ninguna vinculación de la publicidad de este registro con el referéndum del 1-O». Según el testigo, el registro está amparado en una ley autonómica de 2017 que «no fue objeto de impugnación» y comporta diferentes servicios, todos ajenos al referéndum, además de ser «habitual» en otras comunidades autónomas.

Con todo, ha reconocido que las facturas de las tres adjudicatarias no se llegaron a pagar porque Presidencia dijo que estaban siendo objeto de investigación por Fiscalía y «por prudencia» se suspendió el pago. Luego estas empresas emitieron unas nuevas facturas, ya en negativo, si bien el testigo no valoró si se debían interpretar entonces como una donación.

Esteve ha defendido que la Generalitat «cumplió escrupulosamente» todos los requerimientos y accedió al cierre judicial de 26 aplicaciones informáticas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que, a su juicio, perseguían la clausura indiscriminada de aquello que «tuviera relación con bases de datos» sobre ciudadanos.