Estrasburgo rechaza la demanda de Puigdemont contra la suspensión del pleno para declarar la independencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este martes la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña[contexto id=»381726″].

El tribunal afirma en su decisión que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional era «necesaria en una sociedad democrática» para «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas». Además, afirma que la decisión de la Mesa de la Cámara de convocar ese pleno supuso «una falta de respeto manifiesta» a las decisiones previas del Tribunal Constitucional.

Tras conocer esta decisión, fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Fiscalía mantendrá previsiblemente su acusación por rebelión contra los líderes independentistas del procés que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, al considerar que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos.

El Ministerio Público planea elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, de manera que no tiene intención de renunciar a la acusación por rebelión, como tampoco lo hará con la malversación y la desobediencia, si bien los cuatro fiscales del caso todavía deben reunirse para perfilar los detalles de su escrito.

Entienden que a la vista del desarrollo del juicio, los tres delitos han quedado probados, aunque aún falte por desarrollar la prueba documental y los trámites de informes y última palabra.

La Fiscalía pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide siete años de prisión.