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PP y Cs apoyan el decreto para frenar la "república digital catalana"

Unidas Podemos se abstendrá en la votación del real decreto ley sobre seguridad digital de webs independentistas

PP y Cs apoyan el decreto para frenar la «república digital catalana»

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha logrado este miércoles la convalidación parlamentaria de su decreto digital que permite actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo —la llamada «república digital catalana»[contexto id=»381726»]—, ya que la medida ha contado con el voto favorable que el PP y Ciudadanos han brindado al PSOE, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido. Al final de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso, ha tenido lugar la votación que permitirá convalidar este decreto que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de octubre para hacer frente a Identicat, el registro de la Generalitat de ciudadanos catalanes, entre otras cuestiones.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha pedido, en su comparecencia previa al debate, el apoyo a este real decreto ley sobre seguridad digital en una intervención en la que en ningún momento se ha referido a que se trata de un texto que permite actuar en las páginas web del independentismo y la Generalitat.

La diputada del PP Ana Vázquez Blanco había anunciado que su grupo apoyaría al Ejecutivo en funciones porque está de acuerdo con parar «la República catalana digital» y entiende que el Gobierno «se vio obligado a aprobar el decreto en plena campaña electoral» para darle toda la fortaleza al DNI español ante la amenaza de la Generalitat. No obstante, ha considerado «una indignidad» que sea el PP quien «tenga que tragar» y apoyar al Gobierno en funciones en su decreto «incluso con las posibilidades de que sea recurrido por inconstitucional», mientras el PSOE busca un acuerdo con los independentistas.

También Ciudadanos, ha presrtado su apoyo a un decreto que el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ha definido como una «chapuza legislativa» pero que, según ha puesto en valor, permitirá actuar contra una administración que «ya ha organizado de manera ilegal dos votaciones». En cambio, el representante de Ciudadanos ha lamentado que planeen buscar como socios de Gobierno a los independentistas. «Están a tiempo de tender la mano a quienes velan por el interés de los españoles, de no tener ministros que hablen de presos políticos», ha asegurado.

Unidas Podemos, que ha acordado una coalición con el socialista Pedro Sánchez que ahora necesita de apoyos parlamentarios, se ha abstenido después de plantear una serie de cambios para que cuente con mayores garantías, según han informado desde la coalición. El viraje en la postura de Unidas Podemos se debe a que la ministra en funciones ha asegurado que tendrá en cuenta «algunas de las propuestas» que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y ha dicho que se podrá seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura.

Antes de la votación, la diputada republicana Montserrat Bassa dijo al PSOE que haría bien en retirar su real decreto «no por un pacto», sino por «pura democracia». «No tenemos claro adónde quieren llegar», ha asegurado Bassa, que ha avisado a los socialistas de que «no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política».

También la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, lamentó que «de manera precipitada y con suma frivolidad» el Gobierno en funciones pretendiera convalidar un real decreto que, en su opinión, es un «un golpe de estado digital». El PNV ha rechazado del mismo modo el decreto porque, según el diputado Mikel Legarda, supone «una intervención por la vía de hecho» por las administraciones autonómicas y por ello ha instado al Ejecutivo a reconducir la situación a la mayor brevedad posible. Bildu, que también se ha opuesto, ha pedido «llamar a las cosas por su nombre», pues, ha dicho Mertxe Aizpurua, «esto es la ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías» y «cualquier cosa» puede a partir de ahora «considerarse una amenaza». Tampoco Compromís ha apoyado un decreto que, según el diputado Joan Baldoví, se debería haber tramitado de otro modo y debatido «con sosiego, sin prisas, y con mucha más calma».

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