Los nietos de Franco llevan a Estrasburgo la demanda por la exhumación del dictador
Los familia de Franco entiende que los acuerdos del Consejo de Ministros vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos
Los nietos de Francisco Franco han presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español por la decisión del Gobierno de exhumar al dictador del Valle de los Caídos y enterrarle en el cementerio de Mingorrubio de El Pardo en Madrid. La demanda ha sido presentada por la familia Martínez-Bordiu Franco y está firmada por el letrado Luis Felipe Utrera-Molina, de JY Hernández Canut Abogados, quien ha defendido a la familia durante todo el proceso.
Los familia de Franco entiende que los acuerdos del Consejo de Ministros de febrero y marzo de 2019 – que aprobaron la exhumación posterior inhumación – y las resoluciones de los tribunales Supremo y Constitucional que las confirmaron vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La familia alega que, en concreto, se han vulnerado el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo.
Los demandantes estiman que la exhumación de los restos mortales de Franco se realizó con fundamento en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad exigidos por dicho convenio europeo.
Consideran que, bajo la apariencia de una legislación general e imparcial, el real decreto de reforma de la Ley de Memoria Histórica no tenía otro objetivo que el de proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Franco. Han argumentado que se trata de una ley singular que altera y disminuye las garantías del derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos.
Según señala la demanda, los acuerdos del Ejecutivo español han vulnerado el propio real decreto al «ignorar la designación por los familiares del lugar de reinhumación de los restos mortales de Franco y al fijar arbitrariamente un lugar de titularidad estatal contra la expresa voluntad de la familia». Añade que los familiares se ven obligados a solicitar autorización del Gobierno cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos.
