Un tribunal de EEUU valida la posibilidad de deportar a miles de ciudadanos con 'Estatus de Protección Temporal'

Un tribunal de apelaciones de EEUU ha respaldado este lunes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para que termine con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití. El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010.

Los datos: el fallo judicial pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

En el documento, los magistrados descartan que haya discriminación racial detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones, uno de los argumentos de la parte denunciante. También aseguran que los demandantes «no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo». A falta de confirmación oficial, se espera que extranjeros protegidos por el TPS y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnen esta decisión. De hecho, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y CASA Maryland expresaron su rechazo al fallo poco después de que se hiciera público.

«Si la decisión se mantiene, estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a Estados Unidos porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales podrían ser deportados, dividiendo a cientos de miles de familias estadounidenses», denunció la ACLU en un comunicado.

Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dice estar «devastada» por el fallo judicial, aunque asegura que «las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida». Además, ha instado al Congreso estadounidense a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven «en la incertidumbre porque su situación legal está en debate».