El objetivo principal de la abolición es el de suprimir la obligatoriedad que existe actualmente para las adolescentes de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo
En la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que ha tenido lugar este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intervenido para anunciar que el Gobierno ha comenzado a trabajar en una derogación de la Ley del Aborto de 2015 para “asegurar que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos”.
¿Qué dice la ley actual?
La actual Ley del Aborto establece la posibilidad de interrumpir la gestación durante las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 semanas en caso de que exista riesgo para la vida o la salud de la embarazada o que exista riesgo de graves anomalías en el feto.
Además, más allá de la semana 22, la ley contempla otros dos supuestos excepcionales para que pueda darse el aborto: en el caso de que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y en los que se detecte en el feto una enfermedad grave e incurable y así lo avale un comité médico.
Esta ley, reformada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, incluye medidas para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y extendía la posibilidad de aborto a los 16 y 17 años (con consentimiento paterno).
Otras novedades
Además de la derogación de la Ley del Aborto, Montero ha explicado la intención del Ejecutivo de incluir el derecho a «formas más novedosas de anticoncepción» y la promoción de la educación sexual y reproductiva.
La ministra no ha especificado hacia dónde se extendería el derecho del aborto y ha reivindicado “una maternidad libremente decidida y una vida sexual plena y libre”.
Controversias en el Congreso
En el marco de esta Comisión, el Partido Popular ha culpado personalmente a la ministra de no hacer caso a las alertas del Departamento de Seguridad Nacional en relación con el coronavirus, escondiendo estas informaciones a la ciudadanía e incluso alentando a acudir masivamente a concentraciones como las del Día de la Mujer.
Ante estas acusaciones, Montero les ha acusado de deslealtad y les ha retado a llevarla a los tribunales. Tampoco ha dejado en el olvido la petición del juez Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para imputar a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, por los delitos relacionados con el Caso Dina y ha afirmado que “las querellas que nos ponen a nosotros terminan archivadas y las suyas, con sus militantes en la cárcel”.
En definitiva, una Comisión de Igualdad que no ha dejado indiferente a nadie y en la que han recordado muchos asuntos pendientes.
