Multas a 131 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en 2010
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire —anteriormente AENA— como responsable civil subsidiario, por el abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010 y el cierre del espacio aéreo. Ante el caos provocado el Gobierno decretó, por primera vez en democracia, un estado de alarma.
Lo más importante: el fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil. De dicha cantidad deberán hacerse cargo todos los controladores condenados de forma conjunta y solidaria junto con la empresa pública, Enaire.
En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 18 de Madrid, sin embargo, ha absuelto a dos de los acusados por la Fiscalía. Uno de ellos es el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que no pactó con el Ministerio Público y contra el que no se han encontrado pruebas ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia.
El TSJM ha recordado que de los 133 controladores acusados, 119 han reconocido durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la Fiscalía, que sostenía que USCA planteó el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector. En palabras de la titular, «utilizaron este mecanismo de presión» para «ganarle el pulso al Gobierno, que iba a modificar ese mismo 3 de diciembre sus condiciones laborales».
Las versiones de los testigos, así como «la prueba documental, pericial y la audición de las grabaciones», han determinado que los acusados «se concertaron con la finalidad de interrumpir el tráfico aéreo», ya fuera presentando «en cascada» tal formulario, no acudiendo a sus puestos de trabajo o si lo hicieron, limitándose «a controlar los vuelos previstos en el Convenio de Chicago».
La magistrada ha concluido que «en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo». Todo ello «bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca».
