La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha garantizado este viernes en Gran Canaria que la UE asume la crisis migratoria que afecta a esta frontera sur del continente como un desafío que precisará de la implicación y solidaridad de todos sus países miembros
Johansson ha hecho estas consideraciones en una comparecencia pública junto al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la que ha asegurado que la Comisión Europea «tiene músculo» y herramientas suficientes paras ayudar a Canarias a afrontar este repunte migratorio, que ha llevado a las islas a 12.743 personas en lo que va de 2020, año que se sitúa así como el segundo ejercicio con más llegadas al archipiélago, tras 2006.
En su intervención, Johansson ha advertido que los «inmigrantes económicos» que lleguen a Europa y no tengan derecho a una protección internacional «deben ser devueltos a sus países» y ha añadido que, aunque la UE necesita de estos flujos, porque envejece, sólo puede asumir los que lleguen por «vías legales».
El ministro Grande-Marlaska ha recalcado que la política migratoria española fue «abandonada» tras la llamada «crisis de los cayucos», que tuvo su punto álgido en 2006, y ha subrayado que el reinicio de la misma «sin atajos» en 2018 permitió el pasado año reducir en un 50 % las entradas ilegales por vía marítima en el Mediterráneo, un balance que ha confiado en que se reproduzca ahora en Canarias.
Tras visitar el Centro de Coordinación Regional de Canarias, que centraliza el seguimiento de los movimientos migratorios en la costa de África Occidental, Grande-Marlaska ha manifestado que «la gestión migratoria ha sido un objetivo máximo» de su departamento, si bien ha recalcado que este fenómeno complejo precisa de políticas transversales.
Además de luchar contra las mafias que trafican con personas, hay que coordinarse y cooperar con sus países de origen o tránsito (Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia) para que puedan evitar las tragedias que se producen en travesías tan peligrosas como la atlántica, ha referido el ministro, quien ha anunciado que el 20 de noviembre se reunirá en Marruecos con su homólogo para seguir reforzando la cooperación en esta materia.
Grande-Marlaska ha considerado que el inminente desmantelamiento del campamento del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y la habilitación del antiguo polvorín militar de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, para prestar en él una primera asistencia a los inmigrantes que lleguen a la isla en pateras y cayucos permitirá «garantizar la dignidad de estas personas y el buen desarrollo de las labores policiales» que conlleva su filiación.
La comisaria Ylva Johansson ha reconocido el «tremendo esfuerzo» que están haciendo España y Canarias para gestionar, «en tiempos de la covid-19», el repunte migratorio que se registra en esta parte del Atlántico, un fenómeno que, según ha dicho, representa «un reto que la UE ha de afrontar conjuntamente», fortaleciendo los mecanismos de retorno, pero también «con más solidaridad entre los Estados miembros» de cara a la gestión externa de fronteras.
Johansson ha asegurado que «buscará la manera» de que la CE siga cooperando con los países africanos en el entrenamiento de sus cuerpos policiales para el control de sus fronteras.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha agradecido a la comisaria europea de Interior que se haya trasladado a las islas para comprobar con sus propios ojos el alcance de la presión migratoria que soportan y le ha trasladado el pesar de esta comunidad española por el hecho de que el acuerdo económico de reconstrucción promovido por la UE ante la crisis sanitaria desatada por la covid-19 no haya previsto fondos para afrontar el fenómeno migratorio.
«Estamos en un momento de reacciones, más que de planificaciones. Canarias sabe lo que es emigrar. Sabemos ser acogedores porque también nos acogieron, pero no podemos afrontar este repunte solos», ha aseverado Torres, quien se ha mostrado dispuesto a acompañar a Marruecos a Grande-Marlaska para colaborar en las relaciones diplomáticas de España con ese país.
Preguntado por la reactivación de las derivaciones de inmigrantes de Canarias a la Península, el ministro español del Interior ha dicho que no son improvisadas y que cumplen con la legalidad, al tiempo que ha precisado que se hacen con personas vulnerables y otras que no tienen derecho a una protección internacional.
